Día: 20 febrero, 2019

La resilencia necesaria

Escuelas rurales: la resistencia necesaria

 La sabiduría popular a veces alberga verdades más crudas y más implacables que las que se esconden en las enciclopedias. Basta con visitar a los mayores de nuestros pueblos y aldeas para comprobar que hay una frase que se repite con inusitada frecuencia: “Este pueblo empezó a morir el día que cerraron la escuela”. La sentencia es demoledora, pero irrefutable. Las localidades que más población pierden son precisamente aquellas que no cuentan con un centro de enseñanza en sus límites y en Madrid son muchos los pueblos que han languidecido después de que la última escuela echara el cierre.

En nuestra región tenemos uno de los índices de ruralidad más bajos de España y muchas veces vivimos sumidos en una burbuja frenética de prisas, atascos y aulas masificadas. Por eso se nos olvida que existen centros -apenas a unos kilómetros de la capital- donde niños y niñas de distintas edades conviven en las aulas, aprendiendo en pequeños grupos en los que se conoce como Centros Rurales Agrupados (CRA), escuelas que acogen a diversos centros ubicados en distintas localidades pero que cuentan con los mismos profesores y un único director. También son frecuentes los CEIPSO (Colegios de Educación Infantil y Primaria y Secundaria Obligatoria), centros que agrupan todas las etapas de la enseñanza en aquellas localidades rurales donde no hay población suficiente para crear un instituto.

Las escuelas rurales son una resistencia necesaria para mantener nuestros pueblos vivos y un ejemplo de cómo la vocación de los maestros logra mejorar los índices de calidad de la enseñanza. Al contar con pocos estudiantes en cada aula, los docentes pueden aplicar métodos de aprendizaje basados en la pedagogía activa, en el trabajo en equipo y prestar una atención personalizada a pequeños y pequeñas. Se trata de una educación a fuego lento, que se adapta a los ritmos de las estaciones y en la que niños y niñas pueden aprender de biología recogiendo las hojas que caen de los árboles en otoño y comprender el vuelo de los pájaros observándolos surcar el cielo. La educación rural enseña lo universal desde lo local, teje vínculos fuertes con el entorno y es el principal promotor cultural de nuestros pueblos.

Pero no todo es bucólico en la enseñanza rural. Bien lo saben los cientos de maestros y maestras madrileños que cada día se ven obligados a recorrer decenas de kilómetros en sus coches de una escuela a otra y que no cuentan -a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades autónomas-con un seguro de accidentes especial ni con las reducciones horarias que deberían aplicarse a quienes pasan tantas horas al volante entre dos centros laborales. Tampoco gozan de ningún reconocimiento especial por su ingenio y polivalencia, más que notables pues enseñan a alumnos de edades muy distintas al mismo tiempo y de modo que todos avancen a la par.

Los estudiantes, por su parte, también sufren la desatención institucional por parte del Gobierno de Madrid, que no orienta ningún esfuerzo a asegurar que las escuelas situadas en el ámbito rural sean centros que compensen la falta de oferta cultural existente en los pueblos. Al final son los propios maestros quienes terminan organizando cinefórums, bibliotecas o exposiciones en su tiempo libre para tratar de suplir con su pasión por la enseñanza –un plus no remunerado ni reconocido- la irresponsabilidad del Ejecutivo.

Que los pueblos no interesan al Gobierno de Garrido es algo que puede comprobarse con la visita a cualquier CEIP y la consecuente constatación de que los equipamientos son mucho más precarios que los de la mayoría de institutos urbanos. Tampoco se apuesta por implantar en los institutos ciclos formativos que se adapten a las necesidades del mundo rural y que permitan que los jóvenes puedan aprender profesiones que les posibiliten quedarse en sus pueblos.

Desde CCOO llevamos años reivindicando un mayor cuidado a toda la comunidad educativa rural, tan invisibilizada como necesaria. Aunque el Gobierno regional se empeñe en dejar morir a nuestros pueblos, nosotros seguiremos defendiendo que el futuro pasa por conservar la escuela rural. Por eso vamos a poner todas nuestras fuerzas para que los niños que nazcan en cualquier localidad madrileña de menos de 5.000 habitantes tengan las mismas oportunidades que los que lo hacen en la ciudad. No queremos registrar la historia de más pueblos muertos, convertidos en fósiles, sino promover una educación de calidad que los provea de vida y de futuro.

Artículo 18.02.2019

 

La Comunidad destina 4,5 millones de euros para becas de bachillerato en la educación concertada

La Comunidad de Madrid ha publicado los requisitos para acceder a las ayudas del nuevo cheque-bachillerato, que contarán con un presupuesto de 4,5 millones de euros. En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM) se establece el nivel de renta como principal criterio de reparto de las ayudas que buscan que los alumnos con dificultades económicas puedan estudiar en centros concertados. La  apuesta del PP madrileño por la educación concertada, financiando con fondos públicos centros privados de forma pionera en España, ha sido muy criticada por la oposición desde su anuncio en septiembre del año pasado, 

Finalmente serán 1.500 los alumnos de primero de bachillerato los que podrán beneficiarse de esta propuesta para el curso 2019/2020. Los alumnos beneficiarios recibirán el importe de las cuotas, hasta un máximo de 3.000 euros por curso. La intención es duplicar esta cifra en el segundo año de aplicación, en el curso 2020/2021, donde ya estará implantada en toda la etapa postobligatoria, según exponen desde la Consejería de Educación.

«[Las becas] estarán sostenidas con fondos públicos e irán destinadas a las familias de los entornos más desfavorecidos y de menor renta», defendió Ángel Garrido la medida, durante su intervención en la segunda jornada del debate de la región en septiembre del año pasado. «Hay muchas familias que afrontan una situación difícil cuando su hijo pasa de la educación secundaria, que es obligatoria, y por tanto gratuita, al bachillerato. En eso también hay que pensar. Y nosotros lo hacemos», dijo entonces.

Entre los requisitos de los solicitantes aparece que el alumno debe estar matriculado o tener reserva de plaza para el curso que viene en primer curso de Bachillerato en uno de los centros privados de la Comunidad de Madrid. Además, los solicitantes no deben haber repetido primer curso de Bachillerato y no superar la renta per cápita de 10.000 euros para primar la concesión a familias con menos ingresos. Las becas se concederán en función de la puntuación, y en caso de empate se tendrá en cuenta la renta per cápita. En último caso, se resolverá mediante un sorteo.

Las solicitudes serán baremadas conforme a los ingresos familiares, de tal manera que la renta per cápita hasta 5.000 euros obtendrá 4 puntos; hasta 7.500 euros con 2,5 puntos; y hasta 10.000 euros, con 1 punto. Asimismo, la convocatoria también prima con 1 punto que el alumno solicitante esté cursando estudios en el mismo centro en el que pretende comenzar 1º de Bachillerato.

En lo que va de legislatura, el Ejecutivo del PP ha incrementado las plazas de concertada, rompiendo el año pasado la barrera de los 1.000 millones de presupuesto y elevándolo a mayor ritmo que el de la pública. En 2018, el presupuesto de la enseñanza concertada estuvo por encima del de la pública para educación infantil, primaria y especial, con algo más de 900 millones (cifra que prácticamente se duplica si se añade la educación secundaria y FP). La concertada supone el 30% del sistema educativo en Madrid, cifra solo superada por el País Vasco y Navarra, según datos del ministerio de Educación.

Los sindicatos se oponen

«Es una medida perversa que únicamente va a detrimento de la enseñanza pública y fomenta la enseñanza concertada», argumenta Teresa Jusdado, deUGT. «Lo que hay que hacer es invertir este dinero, que procede de los contribuyentes, en ampliar la oferta educativa pública de bachillerato e incrementar las plazas si se quiere facilitar el acceso del alumnado a las enseñanzas de bachillerato».

En la misma línea se manifiesta Isabel Galvín, de CCOO: «Es un instrumento más para derivar dinero público a los centros concertados. Es llevar el negocio al bachillerato». Y añade: «En la educación concertada es más complicado garantizar la igualdad de oportunidades y los modelos inclusivos. Con esto se fomenta una desigualdad que cada vez crece más en Madrid».

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