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Resolución provisional del concurso de traslados

Listados alfabéticos generales (publicados en la web el 12 de marzo de 2019)

Docentes de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas e Idiomas, e Inspección educativa.

Listado de participantes – Letras A – E

Listado de participantes – Letras F – L

Listado de participantes – Letras M – Q

Listado de participantes – Letras R – Z

Inspección educativa

Listado alfabético general (publicado en la web el 12 de marzo de 2019)

Listado de participantes – Letras A – Z

La huelga de 24 horas interrumpe la normalidad en la educación y afecta a todas las etapas y enseñanzas

La convocatoria de huelga de 24 horas en la enseñanza, liderada por la Federación de Enseñanza de CCOO en todo el territorio nacional, está visibilizando la brecha de género entre trabajadoras y trabajadores del ámbito educativo, un sector feminizado clave para acabar con la desigualdad, discriminación y violencia que sufren las mujeres dentro y fuera del mercado laboral.

El paro feminista de 24 horas que se celebra hoy en los centros de enseñanza públicos y privados de nuestro país, está contado con un amplio seguimiento de trabajadoras y trabajadores, así como de estudiantes, que de forma mayoritaria se han ausentado de las aulas, interrumpiendo la normalidad académica y haciendo de este 8M un nuevo hito en la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres. Con esta huelga, la comunidad educativa se suma de forma mayoritaria e inequívoca a la lucha por la igualdad. La actividad académica, que a lo largo de la semana se ha centrado en la realización de actividades relacionadas con el Día Internacional de las Mujeres, está siendo prácticamente nula en muchos ámbitos educativos, como en el universitario, donde el seguimiento de la huelga supera el 80%. En Secundaria y FP es del 61% y en Infantil y Primaria del 42%. En el sector privado, la incidencia está siendo destacada en los centros de atención a personas con discapacidad y de menores.

El sector educativo es un sector feminizado clave para acabar con la desigualdad y discriminación que sufren las mujeres dentro y fuera del mercado laboral y que, entre otros, tienen sus orígenes en preceptos culturales y en una sociedad aún marcada por la dominación patriarcal. En el ámbito del trabajo, esta desigualdad se plasma en una inserción laboral más complicada, con peores condiciones y una brecha salarial en educación de en torno al 8%.

La huelga también ha servido para denunciar y combatir la violencia machista y la insuficiencia de medidas en todos los ámbitos, especialmente en el laboral, para la protección a las víctimas de violencia de género. En el ámbito estrictamente de la educación, CCOO urge a situar la igualdad, la coeducación y la eliminación de violencias en el centro del debate, para promover un cambio en las políticas educativas que coloque a nuestro país en umbrales de progreso y desarrollo acordes con las demandas sociales.

‘Cheque bachillerato’

El PP de Madrid abre la campaña con el ‘cheque bachillerato’ para la privada

Comienza la precampaña electoral en el Gobierno de Madrid, aunque su actual presidente, Ángel Garrido, no opte a la reelección por decisión del PP. Unos 4,5 millones de euros es lo que la Comunidad de Madrid va a destinar el próximo curso a becas destinadas exclusivamente a los alumnos de bachillerato de las escuelas concertadas y privadas.

El llamado cheque bachillerato alcanzará este primer año a unos 1.500 alumnos que podrían duplicarse el año próximo. La puesta en marcha de unas becas a la enseñanza no obligatoria se explica, según los dirigentes del Gobierno de Garrido, en la necesidad de garantizar la libertad de elección de centro de las familias, buque insignia del PP que hasta hace poco tiempo lideró Esperanza Aguirre.

Sin embargo, la decisión ha sido muy mal acogida tanto por los sindicatos, que consideran que destinar dinero a los centros concertados y privados va en detrimento de la educación pública, como por los centros de educación privada independientes, que la consideran discriminatoria.

Según explicó ayer el consejero de Educación, Rafael van Grieken, el cheque bachillerato va destinado a “las familias que más lo necesitan”, estas son, según él, las que tienen como máximo 10.000 euros anuales per cápita. “Una familia con dos hijos tendría que tener ingresos inferiores a 40.000 euros para obtener una beca de hasta 3.000 euros”, aseguró.

Los sindicatos han criticado duramente esta medida, que califican claramente de electoralista. Pero Comisiones Obreras ha decidido pasar a la acción interponiendo un recurso contencioso administrativo contra la orden de la Consejería de Educación que quiere implantar “de forma unilateral y sin someter a ninguna consulta ni trámite participativo”. “Es un ataque sin precedentes al bachillerato de la educación pública”, señala Isabel Galvín, quien denuncia que este cheque es “un desvío ilegal de fondos públicos hacia los centros privados”. Además, esta medida va en contra de la normativa vigente ya que la Lomce establece que estos conciertos “deben ser singulares en las etapas postobligatorias”, pudiendo producirse sólo por “razones muy cualificadas” en casos concretos y “nunca adoptarse masivamente o como política”, comenta Isabel Galvín.

Desde UGT, por su parte, ha acusado al Gobierno madrileño de “disfrazar como libertad de elección la privatización del bachillerato”, indica la secretaria de Enseñanza, Teresa Jusdado, mientras faltan recursos. Y recuerda que miles de alumnos se quedan sin acceder cada año a enseñanzas de FP por falta de plazas.

Tampoco están satisfechos los colegios privados (en todas sus etapas). La Asociación de Colegios Privados e Independientes (Cicae) mostró su rechazo a este cheque, que persigue que los alumnos no abandonen los centros concertados cuando terminan la ESO, por discriminatorios. La asociación está consultando con sus servicios jurídicos la legalidad de esta ayuda pública que considera absolutamente discriminatoria y que atenta contra la libertad de mercado y libre competencia.

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Adiós al último barracón

26.02.2019ElMundo

Adiós al último barracón escolar de Madrid


Los módulos prefabricados en los que un grupo de alumnos del instituto Neil Armstrong de Valdemoro han asistido a clase desde principio de curso han comenzado a desaparecer del mapa. Con su desmontaje, que concluirá en los próximos días, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid da por finalizada la era de los barracones escolares en la región.

«Éste era ya el único que quedaba», confirma un portavoz del Gobierno autonómico, que precisa que fueron los padres los que solicitaron su instalación para evitar que sus hijos tuvieran que desplazarse a otro centro mientras concluían los trabajos para la ampliación del centro.En concreto, previa inversión de tres millones de euros, se han construido en esta localidad del sur seis nuevas aulas de Bachilllerato con capacidad para 210 estudiantes, además de un gimnasio.

El de Valdemoro fue uno de los seis institutos y colegios públicos de la región en los que, según los datos oficiales de Educación, el pasado mes de septiembre arrancó el año académico 2018-2019 sin que hubieran terminado obras que afectaban «directamente a la escolarización» de 800 alumnos. La solución temporal por la que se optó en los casos en los que el espacio lo permitía fue la de habilitar aulas alternativas en despachos, pasillos y comedores.

CCOO critica los retrasos

En CCOO reconocen que la eliminación de los módulos prefabricados en la región es «una buena noticia», pero con matices. «Aunque desaparezcan los barracones eso no significa que hayan terminado los problemas de infraestructuras educativas en la región acrecentados por el método de la construcción por fases», afirma Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza.

Según los datos del sindicato mayoritario del sector, 25.000 alumnos de la región comenzaron el pasado curso en 82 centros en obras sin terminar. Actualmente están ultimando la elaboración de un informe de seguimiento de los trabajos, ya que muchos de ellos estaba previsto que concluyeran entre finales de febrero y principios de marzo.

En el caso concreto de Neil Armstrong, CCOO señala que fue un instituto que se inauguró en 2012-2013 y que como las fases de ampliación se han hecho «con retraso» tuvieron que habilitarse cuatro clases prefabricadas el curso pasado y otras cuatro éste. «Su implicación en la trama Púnica también ha ralentizado el proceso», apunta Galvín, que denuncia que en Valdemoro hay «un grave problema de saturación» en aulas con hasta un 15% más del ratio permitido.

Nuevos centros

Según el calendario de trabajo elaborado por la Consejería de Educación, está previsto que antes de que acabe la legislatura en mayo se hayan iniciado las obras de construcción de otros cinco institutos (Las Rejas en Madrid capital, La Garena en Alcalá, Los Ángeles en Pozuelo, otro en Torrejón y una sección en Loeches), una escuela oficial de idiomas en San Fernando de Henares y dos colegios en el Ensanche Sur de Alcorcón y en Pozuelo del Rey.

Además, está prevista la edificación de cuatro centros más para su apertura en 2020, pero por ahora carecen de fecha de puesta de primera piedra, por lo que corresponderá al próximo Gobierno regional ejecutar o descartar su realización. Se trata de nuevos recintos ecolares en los barrios madrileños de Arroyofresno y Valdebebas y en las localidades de Torrejón de Ardoz y Valdemoro -sólo para este último se prevé una inversión de seis millones de euros-.

En la Comunidad de Madrid reconocen que algunas obras han sufrido retrasos y, de hecho, recuerdan que el año pasado se cambiaron las condiciones de los concursos para que el precio más económico no fuera el único requisito de adjudicación. No obstante, en la Consejería de Educación señalan que cuando los trabajos se dejan en manos de compañías que «cumplen las condiciones» si después quiebran o abandonan «la única responsabilidad de la Administración es buscar una solución lo más rápida posible».


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Raíces

Educación ordena incluir datos médicos de alumnos con necesidades especiales en la nube de Raíces

Comisiones Obreras denuncia que se incumple la normativa regional que establece que los informes psicopedagógicos no salgan del centro donde el alumno está matriculado

La consejería de educación que dirige Rafael Van Grieken ha dado orden a los orientadores de los centros educativos para que cuelguen los datos personales y médicos de los niños con necesidades educativas especiales en Raíces, el nuevo sistema informático que se está implantando en toda la red de centros educativos de la región para compartir los expedientes de los alumnos. Lo denuncia Comisiones Obreras que asegura que con esta decisión se va a vulnerar la intimidad de los menores y la propia normativa de la Comunidad de Madrid que establece que esos datos no pueden salir del centro donde el alumno está matriculado.

Hasta ahora los informes psicopedagógicos de los alumnos con necesidades especiales o con alguna adaptación curricular, los que elaboran los equipos de orientación educativa, se adjuntan como una carpeta anexa al expediente de cada niño y se custodian en el propio centro por el secretario o la secretaria. Sin embargo, al incluir esos datos en una red compartida como es Raíces – tal y como indican las instrucciones que la consejería ha dado a los orientadores y a las que ha tenido acceso la Cadena SER – esos datos podrán ser consultados por los equipos directivos de centros públicos y concertados. «Se perderá el ámbito de custodia que marca la ley», según denuncia la secretaria de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Madrid, Isabel Galvín. «Las propias órdenes de evaluación publicadas por la consejería de educación no avalan ni justifican que se cuelguen los informes psicopedagógicos en esta red que es una red compartida por toda la administración educativa de Madrid», explica Galvín, «de hecho estos informes contienen datos que deben ser custodiados por los centros«.

La aplicación sistemática de la normativa en materia de protección de datos o en materia de evaluación, así como las órdenes de la consejería de educación en este sentido, han reflejado siempre, según Comisiones Obreras, que la custodia y el archivo de los expedientes académicos personales de los alumnos corresponde a los centros escolares. Lo contrario, dice Galvín, «vulnera el derecho a la intimidad del alumnado porque contienen informaciones sensibles y protegidas«. Según el sindicato, muchos orientadores se han negado a colgar estos datos personales; creen que deben ser los secretarios de los centros los encargados, tal y como refleja la normativa regional. CC.OO. ha pedido formalmente a educación que de marcha atrás en sus intenciones.

Por su parte, un portavoz de la consejería de educación explica a la SER que la Comunidad con estas nuevas instrucciones «cumple de forma escrupulosa todos los requisitos legales de protección de datos en relación con la incorporación de los informes de alumnos con necesidades educativas especiales». Según este portavoz, «sólo tienen acceso a la información los profesionales que trabajan con estos alumnos» aunque no especifica si entre estos docentes se encuentran los equipos directivos de los centros sostenidos con fondos públicos o solo los orientadores y profesionales de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje. «Hay unas tablas que registran quién ha accedido a esta información y queda constancia de todo«, asegura. 

La consejería explica que el trabajo de subir los datos se ha encargado a los orientadores porque al tratarse de una información sensible, «cuantas menos personas haya en el proceso mejor». Con anterioridad, confirma este portavoz, no había un sistema centralizado con información de alumnos con estas necesidades, los datos se recogían en los centros y en papel. Ahora se ha procedido a la digitalización de la información.

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La resilencia necesaria

Escuelas rurales: la resistencia necesaria

 La sabiduría popular a veces alberga verdades más crudas y más implacables que las que se esconden en las enciclopedias. Basta con visitar a los mayores de nuestros pueblos y aldeas para comprobar que hay una frase que se repite con inusitada frecuencia: “Este pueblo empezó a morir el día que cerraron la escuela”. La sentencia es demoledora, pero irrefutable. Las localidades que más población pierden son precisamente aquellas que no cuentan con un centro de enseñanza en sus límites y en Madrid son muchos los pueblos que han languidecido después de que la última escuela echara el cierre.

En nuestra región tenemos uno de los índices de ruralidad más bajos de España y muchas veces vivimos sumidos en una burbuja frenética de prisas, atascos y aulas masificadas. Por eso se nos olvida que existen centros -apenas a unos kilómetros de la capital- donde niños y niñas de distintas edades conviven en las aulas, aprendiendo en pequeños grupos en los que se conoce como Centros Rurales Agrupados (CRA), escuelas que acogen a diversos centros ubicados en distintas localidades pero que cuentan con los mismos profesores y un único director. También son frecuentes los CEIPSO (Colegios de Educación Infantil y Primaria y Secundaria Obligatoria), centros que agrupan todas las etapas de la enseñanza en aquellas localidades rurales donde no hay población suficiente para crear un instituto.

Las escuelas rurales son una resistencia necesaria para mantener nuestros pueblos vivos y un ejemplo de cómo la vocación de los maestros logra mejorar los índices de calidad de la enseñanza. Al contar con pocos estudiantes en cada aula, los docentes pueden aplicar métodos de aprendizaje basados en la pedagogía activa, en el trabajo en equipo y prestar una atención personalizada a pequeños y pequeñas. Se trata de una educación a fuego lento, que se adapta a los ritmos de las estaciones y en la que niños y niñas pueden aprender de biología recogiendo las hojas que caen de los árboles en otoño y comprender el vuelo de los pájaros observándolos surcar el cielo. La educación rural enseña lo universal desde lo local, teje vínculos fuertes con el entorno y es el principal promotor cultural de nuestros pueblos.

Pero no todo es bucólico en la enseñanza rural. Bien lo saben los cientos de maestros y maestras madrileños que cada día se ven obligados a recorrer decenas de kilómetros en sus coches de una escuela a otra y que no cuentan -a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades autónomas-con un seguro de accidentes especial ni con las reducciones horarias que deberían aplicarse a quienes pasan tantas horas al volante entre dos centros laborales. Tampoco gozan de ningún reconocimiento especial por su ingenio y polivalencia, más que notables pues enseñan a alumnos de edades muy distintas al mismo tiempo y de modo que todos avancen a la par.

Los estudiantes, por su parte, también sufren la desatención institucional por parte del Gobierno de Madrid, que no orienta ningún esfuerzo a asegurar que las escuelas situadas en el ámbito rural sean centros que compensen la falta de oferta cultural existente en los pueblos. Al final son los propios maestros quienes terminan organizando cinefórums, bibliotecas o exposiciones en su tiempo libre para tratar de suplir con su pasión por la enseñanza –un plus no remunerado ni reconocido- la irresponsabilidad del Ejecutivo.

Que los pueblos no interesan al Gobierno de Garrido es algo que puede comprobarse con la visita a cualquier CEIP y la consecuente constatación de que los equipamientos son mucho más precarios que los de la mayoría de institutos urbanos. Tampoco se apuesta por implantar en los institutos ciclos formativos que se adapten a las necesidades del mundo rural y que permitan que los jóvenes puedan aprender profesiones que les posibiliten quedarse en sus pueblos.

Desde CCOO llevamos años reivindicando un mayor cuidado a toda la comunidad educativa rural, tan invisibilizada como necesaria. Aunque el Gobierno regional se empeñe en dejar morir a nuestros pueblos, nosotros seguiremos defendiendo que el futuro pasa por conservar la escuela rural. Por eso vamos a poner todas nuestras fuerzas para que los niños que nazcan en cualquier localidad madrileña de menos de 5.000 habitantes tengan las mismas oportunidades que los que lo hacen en la ciudad. No queremos registrar la historia de más pueblos muertos, convertidos en fósiles, sino promover una educación de calidad que los provea de vida y de futuro.

Artículo 18.02.2019

 

La Comunidad destina 4,5 millones de euros para becas de bachillerato en la educación concertada

La Comunidad de Madrid ha publicado los requisitos para acceder a las ayudas del nuevo cheque-bachillerato, que contarán con un presupuesto de 4,5 millones de euros. En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM) se establece el nivel de renta como principal criterio de reparto de las ayudas que buscan que los alumnos con dificultades económicas puedan estudiar en centros concertados. La  apuesta del PP madrileño por la educación concertada, financiando con fondos públicos centros privados de forma pionera en España, ha sido muy criticada por la oposición desde su anuncio en septiembre del año pasado, 

Finalmente serán 1.500 los alumnos de primero de bachillerato los que podrán beneficiarse de esta propuesta para el curso 2019/2020. Los alumnos beneficiarios recibirán el importe de las cuotas, hasta un máximo de 3.000 euros por curso. La intención es duplicar esta cifra en el segundo año de aplicación, en el curso 2020/2021, donde ya estará implantada en toda la etapa postobligatoria, según exponen desde la Consejería de Educación.

«[Las becas] estarán sostenidas con fondos públicos e irán destinadas a las familias de los entornos más desfavorecidos y de menor renta», defendió Ángel Garrido la medida, durante su intervención en la segunda jornada del debate de la región en septiembre del año pasado. «Hay muchas familias que afrontan una situación difícil cuando su hijo pasa de la educación secundaria, que es obligatoria, y por tanto gratuita, al bachillerato. En eso también hay que pensar. Y nosotros lo hacemos», dijo entonces.

Entre los requisitos de los solicitantes aparece que el alumno debe estar matriculado o tener reserva de plaza para el curso que viene en primer curso de Bachillerato en uno de los centros privados de la Comunidad de Madrid. Además, los solicitantes no deben haber repetido primer curso de Bachillerato y no superar la renta per cápita de 10.000 euros para primar la concesión a familias con menos ingresos. Las becas se concederán en función de la puntuación, y en caso de empate se tendrá en cuenta la renta per cápita. En último caso, se resolverá mediante un sorteo.

Las solicitudes serán baremadas conforme a los ingresos familiares, de tal manera que la renta per cápita hasta 5.000 euros obtendrá 4 puntos; hasta 7.500 euros con 2,5 puntos; y hasta 10.000 euros, con 1 punto. Asimismo, la convocatoria también prima con 1 punto que el alumno solicitante esté cursando estudios en el mismo centro en el que pretende comenzar 1º de Bachillerato.

En lo que va de legislatura, el Ejecutivo del PP ha incrementado las plazas de concertada, rompiendo el año pasado la barrera de los 1.000 millones de presupuesto y elevándolo a mayor ritmo que el de la pública. En 2018, el presupuesto de la enseñanza concertada estuvo por encima del de la pública para educación infantil, primaria y especial, con algo más de 900 millones (cifra que prácticamente se duplica si se añade la educación secundaria y FP). La concertada supone el 30% del sistema educativo en Madrid, cifra solo superada por el País Vasco y Navarra, según datos del ministerio de Educación.

Los sindicatos se oponen

«Es una medida perversa que únicamente va a detrimento de la enseñanza pública y fomenta la enseñanza concertada», argumenta Teresa Jusdado, deUGT. «Lo que hay que hacer es invertir este dinero, que procede de los contribuyentes, en ampliar la oferta educativa pública de bachillerato e incrementar las plazas si se quiere facilitar el acceso del alumnado a las enseñanzas de bachillerato».

En la misma línea se manifiesta Isabel Galvín, de CCOO: «Es un instrumento más para derivar dinero público a los centros concertados. Es llevar el negocio al bachillerato». Y añade: «En la educación concertada es más complicado garantizar la igualdad de oportunidades y los modelos inclusivos. Con esto se fomenta una desigualdad que cada vez crece más en Madrid».

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