Montecarmelo, un nuevo Fuenteovejuna educativo
Decía el escritor uruguayo Eduardo Galeano que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, es capaz de cambiar el mundo. Su célebre cita bien podría haber estado inspirada por la labor de las familias de Montecarmelo, que llevan una década luchando por la construcción de un instituto de educación secundaria en su barrio. Ha sido una batalla de desgaste salpicada por múltiples zancadillas institucionales propinadas por el Gobierno regional, que ni siquiera ha dado luz verde todavía a la parcela donde deberá edificarse. La inacción gubernamental persiste a pesar de que los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid de 2016 incluían una partida para poner en marcha la edificación de la infraestructura.
La excusa del Gobierno dirigido por Ángel Garrido para no iniciar las obras es un ejemplo magistral de hipocresía política. Se aferra a que la única parcela disponible en el barrio no es viable “técnicamente”. Resulta una apreciación muy cuestionable, sobre todo teniendo en cuenta que no ha aportado ningún informe que avale ese criterio y que, hace cinco años, el anterior Gobierno madrileño no puso ninguna traba para construir en esa misma parcela un centro de iniciativa privada.
No hay que ser ningún experto en psicología social para entender que una desatención tan manifiesta busca transmitir desánimo a los vecinos y vecinas y desarticular el movimiento ciudadano. Pero lejos de claudicar ante la resignación, decenas de familias han decidido movilizarse para impedir que la inacción gubernamental se cronifique en un barrio que no cuenta con ningún instituto público, a pesar de que cerca de 4.000 niños de entre 3 y 16 años de edad viven en la zona.
Por ello se han organizado en la Plataforma por la Educación Pública de Montercarmelo, compuesta por las AMPAS de los dos colegios públicos que acogen a los pequeños del barrio: el CEIP Infanta Leonor y el CEIP Antonio Fontán, así como por la Asociación de Vecinos de Montecarmelo. Se han propuesto contratar a un equipo de arquitectos para que elabore un informe técnico que acredite la viabilidad de la construcción en esos terrenos y lograr así desbloquear una situación que debería ser inaudita en una ciudad como Madrid. Para ello, necesitan acometer una actuación geotécnica y un estudio acerca de la viabilidad geométrica de la parcela, cuyo coste rondará los 3.000 € según el presupuesto estimado por los arquitectos contratados.
Se trata de una cifra insignificante para las arcas públicas, pero que supone un gran esfuerzo para las decenas de familias que reclaman un derecho tan básico y tan necesario como poder acceder a una educación pública digna. Para aglutinar fuerzas han creado un bote solidario, que lleva recaudados más de 1.500 euros y en el que cualquiera puede colaborar a partir de cinco euros de aportación. Todavía les queda aproximadamente el 50% para que el informe técnico pueda materializarse. Cuando lo consigan, se han comprometido a hacer públicas todas las facturas que demuestren que todo lo recaudado irá destinado exclusivamente a pagar el informe.
Vuelven a hacer gala así de una transparencia que contrasta con el oscurantismo de la Administración pública. Con su esfuerzo y su audacia, los vecinos y vecinas de Montecarmelo evidencian que la ciudadanía camina varios pasos por delante de las instituciones. La solidaridad vecinal le planta cara a los intereses privados de un Gobierno que demuestra una y otra vez que el bienestar de las familias para las que dice gobernar le importa bien poco.
No hay absolutamente ninguna razón capaz de explicar que una zona de nueva construcción con un crecimiento demográfico tan importante como Montecarmelo cuente con dos centros privados y ninguno público. Menos aún cuando el IES Mirasierra -el instituto al que están adscritos los colegios de la zona- se encuentra con graves problemas de masificación y falta de espacios, debido al gran volumen de alumnos que acoge.
La iniciativa de las familias de Montecarmelo deja un poso agridulce. Por un lado, es inevitable sentir rabia al comprobar que tienen que ser los vecinos quienes asuman una carga que corresponde al Gobierno Regional, que prefiere seguir destinando los recursos públicos a blindar la educación privada. Por otro lado, resulta esperanzador saber que la ciudadanía es capaz de mover ficha -aunque quienes detentan el poder se enroquen- y de organizarse para no perder la partida.
No se puede jugar con la educación ni con el futuro de la región. Es intolerable que este curso haya comenzado en Madrid con 80 colegios sin construir, con obras, o envueltos en desperfectos. Pero tenía razón Galeano. Aunque se empeñen en que todo siga igual y en atomizarnos, nos encontrarán en común para defender nuestros derechos. Los vecinos y vecinas de Montecarmelo, como los de Rejas y otras tantas zonas con promesas de construcción de centros incumplidas, se han unido todos a una. Han prendido así la llama de un nuevo Fuenteovejuna por la educación, que no parará hasta que la acción ciudadana logre poner en marcha la acción gubernamental.