Contra el amianto: formación e información
La irresponsabilidad del consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael van Grieken, respecto al asunto de la existencia de amianto en los centros de enseñanza afecta a toda la comunidad educativa que vive, tanto tiempo o más que en sus casas, en esos centros. Lugares en los que se imparte todo tipo de enseñanzas (pública, privada o concertadas), en todas las etapas educativas, y más allá de enseñanzas regladas (escuelas de música, de arte…)
El consejero de Educación está muy nervioso por su nefasta gestión en el asunto del máster de Cristina Cifuentes, que ha desembocado en su reprobación por parte de todos los grupos políticos de la Asamblea de Madrid, excepto el PP, en este caótico final de curso. Esos nervios le hacen caer no sólo en la irresponsabilidad, sino también en el desprecio a la comunidad científica que lleva años investigando sobre las consecuencias del amianto.
Un desprecio que se convierte en menosprecio a la salud y bienestar, no solo de docentes, familiares y alumnado, sino también hacia aquellos trabajadores de mantenimiento (electricistas, fontaneros, técnicos de calderas, albañiles…) que tienen que acometer trabajos y desconocen si van a estar inhalando amianto. Personas que hoy, con 20 años, pueden desarrollar un cáncer de pleura cuando alcancen más de 60, o un cáncer de pulmón con más de 50, sin que los servicios sanitarios que le atiendan conozcan las causas de ese cáncer, por lo que ni siquiera podrán calificar la enfermedad como “profesional”.
Pero no sólo es el ámbito laboral, es también el doméstico. Las trazas de amianto que se desprenden sobre la ropa de esos trabajadores acaban en sus casas; las trazas de amianto que caen de esa cubierta, de ese tabique, incluso de esa vieja pizarra, pueden acabar en los pulmones de quienes convivan con esa obra de mantenimiento que, en los colegios, son mayoritariamente menores de edad.
La ciencia ya ha demostrado que el amianto, o asbesto, ha matado, mata y seguirá matando porque tiene una vida latente de hasta cincuenta años. Mientras, el Gobierno de la Comunidad de Madrid hace dejación de funciones porque las medidas que toma son mínimas y generan alarma social.
A poco que repasemos la historia de España y de la región de Madrid, nos topamos con que la utilización del amianto estaba a la orden del día en la construcción, tanto de edificaciones públicas, como privadas. Sabemos que entre 1960 y mediados de los años ochenta fue el periodo álgido de utilización de este material tan barato como ignífugo o aislante y que años después demostró ser cancerígeno.
También sabemos que entre 1950 y 1970, la población de la región (entonces provincia perteneciente a Castilla La Nueva) creció en casi dos millones de personas. Según los datos oficiales, de 1.926.311 habitantes, se pasó a 3.792.561. Eran personas que huían del hambre, cuando no de persecución política rural, y se asentaron en lugares con una naciente industria. Según narra Pedro Montuliú, cronista oficial de la Villa, en su Madrid. De la dictadura a la democracia, sólo en la capital, en el curso 1974-75, el Ayuntamiento franquista reconocía que faltaban 170.930 plazas escolares para niños y niñas de entre tres y trece años; sin contar los 115.767 de cero a tres años. Era un tiempo, además, en que la especulación urbanística cerraba colegios privados del centro para vender terrenos sin ningún escrúpulo urbanístico ni educativo.
Con la muerte de Franco, los Pactos de la Moncloa suponen un empujón histórico a la escolarización. En 1978, con acuerdo de todos los partidos políticos y sindicatos se destinan 40.000 millones de pesetas, en un tiempo en que la inflación era del 20 por ciento, a crear 57.560 puestos escolares, con la puesta en marcha del Plan Extraordinario de Construcciones, que en 1979 aumenta en 21.000 millones de pesetas gracias al Fondo de Acción Coyuntural.
Si cruzamos los datos: multitud de construcción de centros educativos y años de crisis económica, no es difícil concluir que el amianto fuera utilizado en un tiempo en que era la estrella del sector. Así, potencialmente, cualquier edificación pública realizada durante aquella emergencia política y social, es susceptible de contar con amianto. Fue en diciembre de 2001 cuando el amianto fue prohibido en España, aunque se permitió instalar hasta diciembre de 2002. Según datos oficiales se presupone que quedan instaladas en España 2,6 toneladas de este agente cancerígeno.
Con estos datos, la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid ha puesto en marcha algo que no está haciendo el Gobierno. Es decir, una campaña para detectar la presencia de amianto con la colaboración de toda la comunidad educativa, porque no existe un registro ni nacional, ni regional de edificios con amianto, y por tanto, de personas que puedan haber tenido contacto con él. Nada más lejos que generar alarma social, sino de trabajar por la sociedad.
Por contra, la respuesta del consejero Rafael van Grieken, ha sido acusar al sindicato de alarmar, algo que ha hecho su Consejería dando los nombres de dieciséis centros educativos públicos en los que se ha detectado amianto. Lo que hay que hacer es un plan serio y riguroso, basado en la transparencia, que incluya un registro de centros afectados.
No se puede empezar la casa por el tejado. Hay que incluir en los planes de prevención, que dependen de la administración, la detección de puntos con amianto, para señalizarlos con absoluta claridad y posteriormente acometer su desistalación, profesional y coordinada. De nada sirve desinstalar por personas especialistas con todas las medidas de seguridad, si al lado hay jardineros en pantalón corto, conserjes sin conocimiento o menores jugando al fútbol.
Hay que abordar una realidad que está ahí, con tranquilidad, que es sinónimo de formación e información y antónimo de nervios y oscurantismo. No se trata de transmitir miedo, sino de adoptar las políticas necesarias para generar seguridad y tranquilidad, y de eso, el señor van Grieken demuestra tener muy pocos conocimientos.