Sin más docentes la educación no sale de la crisis
Cuando el pasado 9 de enero rubriqué junto al resto de sindicatos de Enseñanza y la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, el Acuerdo Sectorialpara la enseñanza pública madrileña, confié en que nunca volverían las mentiras y las actitudes totalitarias. El principio de este 2018 parecía enterrar definitivamente esas formas impuestas por Esperanza Aguirre, quien en 2006 suspendió unilateralmente el último acuerdo del sector.
Pero los tics en las formas, los incumplimientos, las falsedades, el desprecio a la educación pública y al profesorado que en ella trabaja siguen vivas en el alma del Partido Popular. Un partido que cuando gobierna, sólo entiende el lenguaje de la movilización de trabajadores y trabajadoras, de padres y madres, cuando no, de los propios estudiantes que reclaman una educación pública digna, de calidad. Algo que es posible en la región más rica de Españapero que requiere de voluntad política.
En el pleno de la Asamblea del pasado jueves, el Grupo Parlamentario de Podemos interrogó al nuevo presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, sobre el incumplimiento del Acuerdo Sectorial. Tuve la oportunidad de escucharle en directo y no pude por menos que quedarme estupefacta ante las falsedades que lanzó en sede parlamentaria sobre cuestiones esenciales. El presidente ha dejado claro que en los temas de Educación ha tomado la decisión de ir a rebufo de su consejero reprobado, Rafael van Grieken.
Lógicamente, con la firma del Acuerdo Sectorial en enero, los relojes de la educación pública madrileña se ponían a cero y aquellas decisiones unilaterales, tomadas previamente por el Gobierno, dejaban de tener efecto sobre acuerdos firmados posteriormente. Tal es el caso del cupo de las plantillas de docentes.
En diciembre de 2017, el Gobierno del PP decidió incorporar en el inicio de curso ochocientos nuevos docentes a través de los presupuestos generales de la región. Hay que recordar que estos presupuestos fueron apoyados exclusivamente por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Posteriormente, en enero, se acordó con los sindicatos una ampliación de plantilla de 2.800 docentes hasta el curso 2019-2021.
Evidentemente este primer año de Acuerdo Sectorial tiene una relevancia extraordinaria y la necesidad mínima de docentes para el inicio de curso 2018-2019 es de mil doscientos. Hacen falta urgentemente maestros de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, profesionales para programas de Compensación Educativa, especialistas en Educación Educativa, así como aumento de profesorado para permitir desdobles y apoyos, y Profesores Técnicos de Servicios a la Comunidad (PTSC). Sólo en este último caso de los PTSC, trabajan en los institutos públicos a jornada completa el 15 por ciento; otro 15 por ciento a media y jornada y el resto, un 60 por ciento, no existen. En definitiva, es necesaria la presencia de profesionales para cubrir la atención a la diversidad
Es decir, hacen falta maestros y maestras suficientemente distribuidos en centros de infantil y primaria para recuperar la figura de los apoyos y los refuerzos en estas etapas como ha demostrado el informe recientemente presentado por CCOO. Y, como tercer gran pilar para salvar el curso que se inicia, es imprescindible que no quede en papel mojado el cupo de docentes de Secundaria, que desde los recortes de 2011 aumentaron sus horas lectivas, impidiendo que realicen funciones de apoyo al alumnado, de innovación, de mejora de la calidad educativa… el profesorado de Madrid ha de volver a las 18 horas lectivas como está ocurriendo en otras comunidades autónomas. Para que no haya dudas todas estas medidas deben ser recogidas en las Instrucciones de Inicio de curso.
Con todo, el presidente del Gobierno regional, en su intervención del pasado jueves faltó a la verdad a la afirmar que el Acuerdo Sectorial se está aplicando. Falsedad que adoptó tintes de desvergüenza en lo referido a la sustitución de bajas de profesores o profesoras, y es que no se sustituyen docentes en el mínimo legal establecido, que debe ser el día siguiente de notificada la baja cuando se atiende a un determinado tipo de alumnado, algo que en Madrid se obvia. Los hechos, la realidad a pie de aula es que las esperas llegan en muchos casos a las dos y tres semanas…
La desfachatez llegó al día siguiente cuando los interinos que han trabajado siete meses empezaron a recibir mensajes diciendo que Hacienda limitaba el cobro del verano mediante la incorporación de condiciones inexistentes en el texto firmado y publicado en el Boletín de la Comunidad de Madrid. Efectivamente, al parecer, el PP sólo entiende el lenguaje de la movilización, que es el que hemos venido utilizando en los últimos años y que también nos llevó hace dos semanas a encerrarnos para exigir y conseguir el cumplimiento del Acuerdo Sectorial en otras cuestiones fundamentalmente laborales: un calendario de negociaciones, Comités de Seguridad y Salud así como retribuciones como los atrasos de los sexenios y su abono en la nómina de junio.
Así pues, el presidente de la Comunidad de Madrid y su consejero de Educación deben tomar nota de que la comunidad escolar va a estar en la calle. Si no hay un acuerdo en la mesa de negociación sobre el número de profesores que se van a incorporar el 1 de septiembre a apoyos en Infantil y Primaria y atención a la diversidad; y sobre la bajada de horario lectivo de profesores de Secundaria, desde las Comisiones Obreras anunciamos un inicio de curso de confrontación, lucha y movilizaciones.
Además, el presidente de la Comunidad de Madrid y su consejero reprobado deberían estar atentos a los movimientos que ya están produciéndose desde el nuevo Ejecutivo de España. A pesar de la inicial tibieza del Gobierno de Pedro Sánchez en los asuntos de Educación, parece que algo se está moviendo, tal como hemos comprobado tras el último Consejo de Ministros que “ha estudiado un Informe sobre el impacto en el funcionamiento de los centros educativos del Real Decreto del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo”. Esto es, los recortes del PP.
El Gobierno central recuerda, o quizá advierte, que esos recortes pueden ser modificados “por ley ordinaria y en aras de la celeridad debería poder emplearse el procedimiento de lectura única” y que el Gobierno central tiene competencias para ello según sentencia del Constitucional en lo relativo a ratios, sustitución de bajas y horario lectivo del profesorado. Y la espina dorsal para eliminar esos recortes se contemplan en el incumplido Acuerdo Sectorial. No descarte el Gobierno de Madrid que el R.D. 14/2012, que también supone un corsé para la negociación colectiva, esté dando sus últimos coletazos y le pille sin los deberes hechos y empecinados en mantener los recortes y a la educación pública madrileña en la crisis.