Plan de emergencia educativo: una apuesta que no es un juego

En las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo nos jugamos mucho porque se hace imprescindible un cambio profundo, radical y de modelo que mejore la enseñanza pública en la comunidad de Madrid. Es imprescindible acometer con garantías la senda del cambio. El camino que la derecha, las derechas, comenzaron a recorrer con la coartada de la Gran Recesión se basó en recortes en la enseñanza pública y en un deterioro que solo pudo ser detenido por la comunidad educativa, con sus docentes a la cabeza. Como si de vasos comunicantes se tratara, esos recortes han favorecido a la enseñanza privada concertada, de forma muy similar alo ocurrido en la sanidad pública o con la defensa de unas pensiones dignas. Hay una pérdida acumulada, de inversión en Educación, de 1.069 millones desde que se iniciaron los recortes.

Madrid se encuentra a la cabeza en riqueza y, paradójicamente, también en desigualdad. Es decir, padecemos un grave problema de cohesión social que no se resuelve ni con banderas ni con himnos, sino acometiendo una “educación para la ciudadanía, pública, científica, laica, democrática e inclusiva” que cuente con la financiación necesaria y sea el motor de la transformación social, económica, y a la postre, política de Madrid.

Aquellos que enarbolan la bandera de la Constitución con simbolismo patriotero olvidan su artículo 27, que garantiza el derecho a la educación a lo largo de toda la vida en condiciones de igualdad de oportunidades y como elemento imprescindible para que se garantice la mencionada cohesión social. Si se incumple este objetivo, la democracia se resiente porque las oportunidades de tener un futuro con una vida plena y digna se distribuyen según la familia, el barrio o la localidad de nacimiento.

Todos los informes, con contrastada seriedad, nacionales e internacionales, con los que coincide el último estudio de las Comisiones Obreras, basado en datos oficiales, exponen que Madrid es campeona en generar desigualdad y desequilibrio. Por ello, desde la Federación Regional de Enseñanza de CCOO tenemos la firme convicción de que para dar un radical golpe de timón al modelo de educación regional hay que emprender un plan de emergencia. Un plan de emergencia que garantice el derecho a la Educación, sin exclusiones, y en igualdad de oportunidades.

Ante la falta de un trabajo riguroso por parte de la Administración regional, CCOO ha elaborado un amplio plan para todas las etapas y enseñanzas, que tiene detrás mucho trabajo y que está basado en quince puntos que el próximo Gobierno de la Comunidad de Madrid debería tener muy presente.

Desde la educación infantil hasta la universidad, pasando por la educación obligatoria, el bachillerato, la enseñanza de idiomas, las enseñanzas artísticas, la formación profesional y los centros de educación de personas adultas se requieren cambios y mejoras con su consiguiente inversión.

En primer lugar, como los cambios y promesas no pueden ser un brindis al Sol, es imprescindible una inversión plurianual. Desde el 2,5 por ciento del PIB que se invierte en este momento, al 1,59 en las enseñanzas no universitarias, Madrid ha de llegar, al menos, en la media europea del 5,5 por ciento en la próxima legislatura. Algo que es posible porque en Madrid hay dinero.

Es en este escenario donde se debería llevar adelante un plan de rescate de la educación pública que impulse la oferta de plazas públicas. Como primera medida, han de finalizarse los más de 82 centros que están “en obras” construyéndose “por fases”. Asimismo, han de acometersenuevas construcciones de centros y un riguroso método de mantenimiento de infraestructuras.

Por otra parte, y cumpliendo la legislación española, Madrid debe reducir la ratio de sus aulas. Además, para garantizar la igualdad de oportunidades, es imprescindible desarrollar una red de centros de atención prioritaria y difícil desempeño, con especial urgencia en los centros con mayor población en situación de exclusión social o riesgo de padecerla.

También en este contexto hay que alentar el acuerdo, el diálogo y la colaboración entre administraciones, independiente de su color partidista, para configurar un plan de gratuidad de las actividades extraescolares y los servicios educativos, lo que incluiría, por ejemplo, la recuperación de becas y la apertura de centros según necesidades de cada barrio o localidad. Todo ello para garantizar la gratuidad de la educación y atajar la grave desigualdad entre alumnado que existe en nuestra Comunidad.

Evidentemente, el plan de emergencia elaborado por la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid presta una especial atención a los profesionales de los centros educativos, tanto al profesorado como al personal de apoyo educativo. Este colectivo debe dejar de padecer los recortes, hay que reconocer su labor y dignificar su profesión.

Respecto al profesorado,resulta obligado revertir los recortes en horario y condiciones laborales, tal como dicta la normativa estatal. El reconocimiento y dignificación del profesorado pasa por algo tan sencillo como el cumplimiento del Acuerdo Sectorial, por el que además el Gobierno regional se comprometía a crear los mil quinientos puestos de trabajo perdidos. Además de estos, para que sea posible la bajada del horario lectivo a 23 horas en Infantil y Primaria, a 18 horas en Secundaria y dar cobertura a las masivas jubilaciones que se van a producir, durante la legislatura son necesarios otros ocho mil nuevos docentes.

A estas cifras hay que añadir dos mil nuevos puestos de trabajo entre profesionales de apoyo educativo, así como el refuerzodel modelo de servicio público que realizan los profesionales de la red de orientación, ampliando la plantilla durante la legislatura hasta alcanzar una ratio de un orientador por cada doscientos cincuenta alumnos. También en el Servicio de Inspección apostamos por la profesionalización e independencia de sus miembros;un trabajo que debe incluir apoyo al profesorado y equipos directivos. Este colectivo tiene que doblar su plantilla en esta legislatura para atender a todas las necesidades del sistema.

Además, es preciso la auditoria y la evaluación de las distintas medidas puestas en marcha. Auditar los fondos públicos derivados a manos privadas para supervisar los costes, la eficiencia, así como el cumplimiento de la normativa vigente. Asimismo, es necesaria la evaluación del programa bilingüe que tendrá que ser sometido a una moratoria. De igual forma, ha de evaluarse cada experimento que se ha puesto en marcha desde el dogmatismo y sin consensuar.

Un punto especialmente relevante sería el dedicado a la universidad, cuyo papel solo puede pasar por una apuesta clara por el modelo público. Una universidad integradora, colaborativa e inclusiva, con un marco estable de financiación que se aproxime a la inversión media de la Unión Europea, pero reduciendo los precios a los niveles anteriores a 2010. Una Universidad donde se potencie la investigación, la innovación y el desarrollo y que sea motor del cambio de modelo productivo necesario.

Si Madrid quiere tener futuro debe acometerse un cambio radical en el modelo de enseñanza. Es posible. Opciones hay el próximo 26 de mayo para acabar con esa visión mercantilista y elitista que las derechas tienen de la educación. Hemos de llenar las urnas de votos por el derecho a la educación sin exclusiones, de votos por la igualdad de oportunidades, de votos por la educación pública.

Isabel Galvín

Secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid

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