Día: 26 febrero, 2019

‘Cheque bachillerato’

El PP de Madrid abre la campaña con el ‘cheque bachillerato’ para la privada

Comienza la precampaña electoral en el Gobierno de Madrid, aunque su actual presidente, Ángel Garrido, no opte a la reelección por decisión del PP. Unos 4,5 millones de euros es lo que la Comunidad de Madrid va a destinar el próximo curso a becas destinadas exclusivamente a los alumnos de bachillerato de las escuelas concertadas y privadas.

El llamado cheque bachillerato alcanzará este primer año a unos 1.500 alumnos que podrían duplicarse el año próximo. La puesta en marcha de unas becas a la enseñanza no obligatoria se explica, según los dirigentes del Gobierno de Garrido, en la necesidad de garantizar la libertad de elección de centro de las familias, buque insignia del PP que hasta hace poco tiempo lideró Esperanza Aguirre.

Sin embargo, la decisión ha sido muy mal acogida tanto por los sindicatos, que consideran que destinar dinero a los centros concertados y privados va en detrimento de la educación pública, como por los centros de educación privada independientes, que la consideran discriminatoria.

Según explicó ayer el consejero de Educación, Rafael van Grieken, el cheque bachillerato va destinado a “las familias que más lo necesitan”, estas son, según él, las que tienen como máximo 10.000 euros anuales per cápita. “Una familia con dos hijos tendría que tener ingresos inferiores a 40.000 euros para obtener una beca de hasta 3.000 euros”, aseguró.

Los sindicatos han criticado duramente esta medida, que califican claramente de electoralista. Pero Comisiones Obreras ha decidido pasar a la acción interponiendo un recurso contencioso administrativo contra la orden de la Consejería de Educación que quiere implantar “de forma unilateral y sin someter a ninguna consulta ni trámite participativo”. “Es un ataque sin precedentes al bachillerato de la educación pública”, señala Isabel Galvín, quien denuncia que este cheque es “un desvío ilegal de fondos públicos hacia los centros privados”. Además, esta medida va en contra de la normativa vigente ya que la Lomce establece que estos conciertos “deben ser singulares en las etapas postobligatorias”, pudiendo producirse sólo por “razones muy cualificadas” en casos concretos y “nunca adoptarse masivamente o como política”, comenta Isabel Galvín.

Desde UGT, por su parte, ha acusado al Gobierno madrileño de “disfrazar como libertad de elección la privatización del bachillerato”, indica la secretaria de Enseñanza, Teresa Jusdado, mientras faltan recursos. Y recuerda que miles de alumnos se quedan sin acceder cada año a enseñanzas de FP por falta de plazas.

Tampoco están satisfechos los colegios privados (en todas sus etapas). La Asociación de Colegios Privados e Independientes (Cicae) mostró su rechazo a este cheque, que persigue que los alumnos no abandonen los centros concertados cuando terminan la ESO, por discriminatorios. La asociación está consultando con sus servicios jurídicos la legalidad de esta ayuda pública que considera absolutamente discriminatoria y que atenta contra la libertad de mercado y libre competencia.

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Adiós al último barracón

26.02.2019ElMundo

Adiós al último barracón escolar de Madrid


Los módulos prefabricados en los que un grupo de alumnos del instituto Neil Armstrong de Valdemoro han asistido a clase desde principio de curso han comenzado a desaparecer del mapa. Con su desmontaje, que concluirá en los próximos días, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid da por finalizada la era de los barracones escolares en la región.

«Éste era ya el único que quedaba», confirma un portavoz del Gobierno autonómico, que precisa que fueron los padres los que solicitaron su instalación para evitar que sus hijos tuvieran que desplazarse a otro centro mientras concluían los trabajos para la ampliación del centro.En concreto, previa inversión de tres millones de euros, se han construido en esta localidad del sur seis nuevas aulas de Bachilllerato con capacidad para 210 estudiantes, además de un gimnasio.

El de Valdemoro fue uno de los seis institutos y colegios públicos de la región en los que, según los datos oficiales de Educación, el pasado mes de septiembre arrancó el año académico 2018-2019 sin que hubieran terminado obras que afectaban «directamente a la escolarización» de 800 alumnos. La solución temporal por la que se optó en los casos en los que el espacio lo permitía fue la de habilitar aulas alternativas en despachos, pasillos y comedores.

CCOO critica los retrasos

En CCOO reconocen que la eliminación de los módulos prefabricados en la región es «una buena noticia», pero con matices. «Aunque desaparezcan los barracones eso no significa que hayan terminado los problemas de infraestructuras educativas en la región acrecentados por el método de la construcción por fases», afirma Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza.

Según los datos del sindicato mayoritario del sector, 25.000 alumnos de la región comenzaron el pasado curso en 82 centros en obras sin terminar. Actualmente están ultimando la elaboración de un informe de seguimiento de los trabajos, ya que muchos de ellos estaba previsto que concluyeran entre finales de febrero y principios de marzo.

En el caso concreto de Neil Armstrong, CCOO señala que fue un instituto que se inauguró en 2012-2013 y que como las fases de ampliación se han hecho «con retraso» tuvieron que habilitarse cuatro clases prefabricadas el curso pasado y otras cuatro éste. «Su implicación en la trama Púnica también ha ralentizado el proceso», apunta Galvín, que denuncia que en Valdemoro hay «un grave problema de saturación» en aulas con hasta un 15% más del ratio permitido.

Nuevos centros

Según el calendario de trabajo elaborado por la Consejería de Educación, está previsto que antes de que acabe la legislatura en mayo se hayan iniciado las obras de construcción de otros cinco institutos (Las Rejas en Madrid capital, La Garena en Alcalá, Los Ángeles en Pozuelo, otro en Torrejón y una sección en Loeches), una escuela oficial de idiomas en San Fernando de Henares y dos colegios en el Ensanche Sur de Alcorcón y en Pozuelo del Rey.

Además, está prevista la edificación de cuatro centros más para su apertura en 2020, pero por ahora carecen de fecha de puesta de primera piedra, por lo que corresponderá al próximo Gobierno regional ejecutar o descartar su realización. Se trata de nuevos recintos ecolares en los barrios madrileños de Arroyofresno y Valdebebas y en las localidades de Torrejón de Ardoz y Valdemoro -sólo para este último se prevé una inversión de seis millones de euros-.

En la Comunidad de Madrid reconocen que algunas obras han sufrido retrasos y, de hecho, recuerdan que el año pasado se cambiaron las condiciones de los concursos para que el precio más económico no fuera el único requisito de adjudicación. No obstante, en la Consejería de Educación señalan que cuando los trabajos se dejan en manos de compañías que «cumplen las condiciones» si después quiebran o abandonan «la única responsabilidad de la Administración es buscar una solución lo más rápida posible».


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Raíces

Educación ordena incluir datos médicos de alumnos con necesidades especiales en la nube de Raíces

Comisiones Obreras denuncia que se incumple la normativa regional que establece que los informes psicopedagógicos no salgan del centro donde el alumno está matriculado

La consejería de educación que dirige Rafael Van Grieken ha dado orden a los orientadores de los centros educativos para que cuelguen los datos personales y médicos de los niños con necesidades educativas especiales en Raíces, el nuevo sistema informático que se está implantando en toda la red de centros educativos de la región para compartir los expedientes de los alumnos. Lo denuncia Comisiones Obreras que asegura que con esta decisión se va a vulnerar la intimidad de los menores y la propia normativa de la Comunidad de Madrid que establece que esos datos no pueden salir del centro donde el alumno está matriculado.

Hasta ahora los informes psicopedagógicos de los alumnos con necesidades especiales o con alguna adaptación curricular, los que elaboran los equipos de orientación educativa, se adjuntan como una carpeta anexa al expediente de cada niño y se custodian en el propio centro por el secretario o la secretaria. Sin embargo, al incluir esos datos en una red compartida como es Raíces – tal y como indican las instrucciones que la consejería ha dado a los orientadores y a las que ha tenido acceso la Cadena SER – esos datos podrán ser consultados por los equipos directivos de centros públicos y concertados. “Se perderá el ámbito de custodia que marca la ley”, según denuncia la secretaria de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Madrid, Isabel Galvín. “Las propias órdenes de evaluación publicadas por la consejería de educación no avalan ni justifican que se cuelguen los informes psicopedagógicos en esta red que es una red compartida por toda la administración educativa de Madrid”, explica Galvín, “de hecho estos informes contienen datos que deben ser custodiados por los centros“.

La aplicación sistemática de la normativa en materia de protección de datos o en materia de evaluación, así como las órdenes de la consejería de educación en este sentido, han reflejado siempre, según Comisiones Obreras, que la custodia y el archivo de los expedientes académicos personales de los alumnos corresponde a los centros escolares. Lo contrario, dice Galvín, “vulnera el derecho a la intimidad del alumnado porque contienen informaciones sensibles y protegidas“. Según el sindicato, muchos orientadores se han negado a colgar estos datos personales; creen que deben ser los secretarios de los centros los encargados, tal y como refleja la normativa regional. CC.OO. ha pedido formalmente a educación que de marcha atrás en sus intenciones.

Por su parte, un portavoz de la consejería de educación explica a la SER que la Comunidad con estas nuevas instrucciones “cumple de forma escrupulosa todos los requisitos legales de protección de datos en relación con la incorporación de los informes de alumnos con necesidades educativas especiales”. Según este portavoz, “sólo tienen acceso a la información los profesionales que trabajan con estos alumnos” aunque no especifica si entre estos docentes se encuentran los equipos directivos de los centros sostenidos con fondos públicos o solo los orientadores y profesionales de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje. “Hay unas tablas que registran quién ha accedido a esta información y queda constancia de todo“, asegura. 

La consejería explica que el trabajo de subir los datos se ha encargado a los orientadores porque al tratarse de una información sensible, “cuantas menos personas haya en el proceso mejor”. Con anterioridad, confirma este portavoz, no había un sistema centralizado con información de alumnos con estas necesidades, los datos se recogían en los centros y en papel. Ahora se ha procedido a la digitalización de la información.

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