Raíces

Educación ordena incluir datos médicos de alumnos con necesidades especiales en la nube de Raíces

Comisiones Obreras denuncia que se incumple la normativa regional que establece que los informes psicopedagógicos no salgan del centro donde el alumno está matriculado

La consejería de educación que dirige Rafael Van Grieken ha dado orden a los orientadores de los centros educativos para que cuelguen los datos personales y médicos de los niños con necesidades educativas especiales en Raíces, el nuevo sistema informático que se está implantando en toda la red de centros educativos de la región para compartir los expedientes de los alumnos. Lo denuncia Comisiones Obreras que asegura que con esta decisión se va a vulnerar la intimidad de los menores y la propia normativa de la Comunidad de Madrid que establece que esos datos no pueden salir del centro donde el alumno está matriculado.

Hasta ahora los informes psicopedagógicos de los alumnos con necesidades especiales o con alguna adaptación curricular, los que elaboran los equipos de orientación educativa, se adjuntan como una carpeta anexa al expediente de cada niño y se custodian en el propio centro por el secretario o la secretaria. Sin embargo, al incluir esos datos en una red compartida como es Raíces – tal y como indican las instrucciones que la consejería ha dado a los orientadores y a las que ha tenido acceso la Cadena SER – esos datos podrán ser consultados por los equipos directivos de centros públicos y concertados. «Se perderá el ámbito de custodia que marca la ley», según denuncia la secretaria de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Madrid, Isabel Galvín. «Las propias órdenes de evaluación publicadas por la consejería de educación no avalan ni justifican que se cuelguen los informes psicopedagógicos en esta red que es una red compartida por toda la administración educativa de Madrid», explica Galvín, «de hecho estos informes contienen datos que deben ser custodiados por los centros«.

La aplicación sistemática de la normativa en materia de protección de datos o en materia de evaluación, así como las órdenes de la consejería de educación en este sentido, han reflejado siempre, según Comisiones Obreras, que la custodia y el archivo de los expedientes académicos personales de los alumnos corresponde a los centros escolares. Lo contrario, dice Galvín, «vulnera el derecho a la intimidad del alumnado porque contienen informaciones sensibles y protegidas«. Según el sindicato, muchos orientadores se han negado a colgar estos datos personales; creen que deben ser los secretarios de los centros los encargados, tal y como refleja la normativa regional. CC.OO. ha pedido formalmente a educación que de marcha atrás en sus intenciones.

Por su parte, un portavoz de la consejería de educación explica a la SER que la Comunidad con estas nuevas instrucciones «cumple de forma escrupulosa todos los requisitos legales de protección de datos en relación con la incorporación de los informes de alumnos con necesidades educativas especiales». Según este portavoz, «sólo tienen acceso a la información los profesionales que trabajan con estos alumnos» aunque no especifica si entre estos docentes se encuentran los equipos directivos de los centros sostenidos con fondos públicos o solo los orientadores y profesionales de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje. «Hay unas tablas que registran quién ha accedido a esta información y queda constancia de todo«, asegura. 

La consejería explica que el trabajo de subir los datos se ha encargado a los orientadores porque al tratarse de una información sensible, «cuantas menos personas haya en el proceso mejor». Con anterioridad, confirma este portavoz, no había un sistema centralizado con información de alumnos con estas necesidades, los datos se recogían en los centros y en papel. Ahora se ha procedido a la digitalización de la información.

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