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Ciencia, como enseñanza, se escribe con nombre de mujer

“Las ciencias se les dan mejor a los chicos”. Dicen que basta con repetir una mentira mil veces para que se convierta en verdad. Y muchas la hemos escuchado tantas veces de niñas que cuando llegó el momento de escoger una rama de Bachillerato ni siquiera nos planteamos optar por el ámbito técnico y científico. Pensábamos que no era para nosotras, que no seríamos lo suficientemente inteligentes para lograrlo. Son temores interiorizados que evidencian que el machismo es una estructura que hunde sus raíces hasta la más profunda infancia. Así lo demostró un estudio elaborado el año pasado por las universidades de Nueva York, Princeton e Illinois. En él se exponía que, a partir de los seis años, las niñas evitaban realizar algunas actividades técnicas, pues creían que sus compañeros las harían mejor por ser más inteligentes.

En nuestro país la situación no es muy diferente. En su más tierna infancia, niños y niñas juegan juntos como iguales. Sin embargo, según van creciendo y asumen los roles que se asocian a su género, comienzan las inseguridades para ellas. Mientras sus compañeros tienen como referentes masculinos a superhéroes, guerreros y deportistas, a ellas se les enseña a ser princesas, hadas o cuidadoras. La potencia frente a los cuidados. La fuerza frente a la delicadeza. La escuela reproduce la sociedad y los estereotipos están igualmente naturalizados en las aulas, donde los referentes femeninos en el ámbito científico son una anomalía. Nuestras pequeñas saben quiénes fueron Einstein, Copérnico y Galileo, pero no aprenden que quien sentó las bases de la programación fue una mujer, Ada Lovelace. Tampoco saben que la materia oscura fue descubierta por Vera Rubin o que la matemática alemana Emily Noether revolucionó los campos de la física teórica y del álgebra abstracta. Como no tenemos referentes, creemos que no vamos a poder.

Y así ocurre que, aunque en nuestra región las chicas que consiguen llegar a Bachillerato superan en número a sus compañeros, tan solo el 42,4 % de las estudiantes madrileñas se decanta por la modalidad científica. Se trata de una cifra pequeña, que tan solo ha subido un 3 % desde 2009, en lo que supone un aumento mucho más sostenido que la media estatal. Conviene recordar que en 2009 nuestra región solo tenía por delante seis comunidades con un porcentaje de alumnas más elevado, mientras que actualmente ya nos superan once autonomías, tal y como demuestra un estudio de CCOO.

La situación requiere ser abordada de inmediato, pues la brecha de género se agrava todavía más al llegar a la universidad, donde solo uno de cada cuatro matriculados en ingenierías es mujer, según datos del Ministerio de Educación. No es un tema baladí, ya que la elección de los estudios condiciona el futuro laboral y cada vez hacen falta más profesionales especializados en TIC para cubrir el acelerón tecnológico en el que estamos inmersos. Las profesiones del futuro necesitan trabajadores especializados en ciencia y tecnología y no podemos seguir descuidando a la mitad de la población mundial. En muchas empresas los puestos de poder y mejor remunerados están asociados a la tecnología. Y si no hay mujeres en el ámbito tecnológico tampoco hay mujeres tomando decisiones.

Ha llegado la hora de acabar con la masculinización de determinados ámbitos profesionales, pues no deja de ser llamativo que las profesiones históricamente feminizadas, como la enseñanza o los cuidados, estén peor remuneradas que aquellas en las que hay preponderancia masculina. No puede ser que, tal y como reflejan los datos del Ministerio de Educación, en los albores de 2019 en los módulos de FP de electricidad y electrónica solo haya un 1,93 % de mujeres, mientras que en los de imagen personal el número de hombres matriculados no alcance el 10 %. Tenemos que interiorizar que la profesión no depende del sexo y que una mujer puede hacer una instalación eléctrica en la misma medida en la que un hombre es capaz de cortar el pelo. Y no pasa nada.

En este sentido, el papel que las instituciones deben jugar para lograr estimular las vocaciones científicas de las más pequeñas desde la escuela es crucial. El Gobierno de la región debería empezar a tomarse esto como una prioridad, porque las cifras de Madrid están lejos de ser halagüeñas. Teniendo en cuenta que las regiones más ricas son las que tienen mayor porcentaje de alumnas, resulta inexplicable que en los últimos años nos hayan superado 11 autonomías en número de alumnas en bachillerato.

Al Ejecutivo de Garrido tiene que dejar de poner parches y empezar a tomarse en serio la lucha contra la masculinización de las ciencias. Desde CCOO llevamos tiempo insistiendo en la importancia de abordar la enseñanza con perspectiva de género, para evitar que los estereotipos machistas se sigan perpetuando. Necesitamos libros de texto que recojan las aportaciones de las mujeres a la ciencia, recursos que formen al profesorado en materia de género y una formación integral basada en la igualdad. Solo así lograremos que en, el futuro, ese concepto tan irracional pero tan arraigado de que la ciencia les pertenece solo a ellos no sea más que un mal recuerdo. Tenemos que orientar nuestros esfuerzos a lograr que ninguna chica vuelva a pensar más que ella no será capaz de aportar algo la ciencia. Porque ciencia, como enseñanza, se escribe con nombre de mujer.

CCOO reclama 573 plazas de maestro más que las 3.500 anunciadas por Garrido

La secretaria de Enseñanza de CCOO, Isabel Galvín, ha reclamado a la Consejería de Educación la convocatoria de al menos 4.073 plazas de oposiciones, por encima de las 3.500 anunciadas la semana pasada por el presidente regional Ángel Garrido, al considerar que esta cifra «no aplica el incremento del 8% a la tasa de reposición que permite el Gobierno de España«.

Según Galvín, «el Gobierno central permite sumar al 100 por cien de la tasa de reposición un 8% más. Sin embargo, el Gobierno autonómico recorta este incremento al 5%», con lo que la Consejería de Hacienda calcula «el 105% de la tasa de reposición en vez del 108%, como se ha aprobado en la Mesa nacional de la función pública».

Así lo ha manifestado Galvín tras la reunión de la Mesa sectorial de Educación celebrada hoy para debatir las plazas de la convocatoria de oferta pública de Empleo (OPE) de 2019, después de que Garrido «se adelantara» y diera las cifras de la convocatoria ya el pasado viernes, «sin margen de negociación», ha criticado la secretaria.

Según la secretaria, la tasa de reposición que calcula la Consejería es de 1.583 plazas, entre jubilaciones (1283), incapacidades (124), fallecimientos (27), excedencias (108), descontados los reingresos (37), más el 5% de incremento que permite la Hacienda madrileña.

De esta cifra, la Consejería de Educación «propone sacar 142 plazas para sumar a las 3.358 ofrecidas en la reunión anterior y así convocar 3.500 plazas en 2019», como anunció el presidente de la Comunidad, ha dicho Galvín a Efe.

«Nos han presentado una tasa de reposición de 1508 y a esa cifra suman 5% que permite Hacienda, pero el Gobierno permitiría el 8%», con lo que en vez de 1.583 plazas «serían 1.628», ha añadido.

«De estas, 715 serían de Primaria, pero solo convocan 142. Las sumarían las 3.358 acordadas en la Mesa anterior y de ahí salen las 3.500. Pero nosotros queremos que se convoquen todas, 715 más las ya acordadas», lo que supondría 4.073 plazas, agrega.

«Nosotros reivindicamos que la tasa de reposición sea 108% y que convoquen todas las 715 plazas de Primaria, porque solo quieren convocar 142 y guardar las otras», ha recalcado.

«No ha habido acuerdo en la Mesa. No nos han presentado ninguna documentación; queremos datos que fundamenten por qué no se puede hacer convocatoria mayor. Nos dicen que es porque no tienen capacidad para convocar más», critica Galvín para quien «solo es cuestión de poner más tribunales».

Además, «pedimos un escenario a tres años, de lo contrario no se podrá reducir al 8% la tasa de interinidad» que prevé el Gobierno central para 2022. «En algunas especialidades hay más del 20% de interinidad», por lo que CCOO va a «seguir presionando», asevera la secretaria.

Educación ha convocado a los sindicatos a una nueva reunión de la Mesa el 15 de febrero para hablar de las características del examen y criterios de evaluación.

A partir de las 3.500 plazas anunciadas, «vamos a pelear para que se aumenten, sobre todo en Primaria, una especialidad que es fundamental y está muy abandonada», ya que la Consejería ha «sobredimensionado la oferta de inglés para el programa bilingüe y ha disminuido los especialistas en Primaria», cuando «todos los informes internacionales aconsejan reforzar esa etapa».

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Una urgencia social, un imperativo ético

Dignificar la función docente: una urgencia social, un imperativo ético

Muchos de quienes nos dedicamos a la docencia decidimos tomar ese camino inspirados por maestros que nos dejaron huella. Cualquiera que lea estas líneas podrá recordar sin apenas esfuerzo a algún profesor que le animó a ser mejor persona, que le ayudó a explorar nuevas sendas de conocimiento o que simplemente le sirvió de brújula en momentos de confusión y falta de referentes.

Decía el poeta W. B. Yeats que la educación no consiste en llenar un cubo, sino en prender un fuego. Y aunque todos tengamos claro el importante papel que juega la enseñanza a la hora de cimentar una sociedad más justa, más crítica y más igualitaria, lo olvidamos con frecuencia. Quienes nos dedicamos a la función docente lo hacemos con convicción y vocación, a pesar de que nuestro trabajo muchas veces se ve ensombrecido por quienes no valoran el estrés, el nivel de exigencia y la enorme responsabilidad social que conlleva ponerse cada día frente a un grupo de 30 estudiantes y tratar de transmitirles un conocimiento que les ayude a crecer, en el sentido más amplio de la palabra. Además, nuestra jornada laboral nunca acaba al salir del aula, pues las correcciones de exámenes y las reuniones con padres nos recortan horas del día y la preocupación por el bienestar de nuestros alumnos no finaliza al hacerlo el horario lectivo.

En teoría, cualquier institución pública debería ser consciente de la enorme relevancia que tiene la función docente y, en consecuencia, tendría que reconocer el trabajo del profesorado a través de medidas concretas. Sin embargo, el Gobierno regional de la Comunidad de Madrid se empeña en poner trabas a nuestra labor y deja así patente que la educación no se encuentra entre sus prioridades. Prueba de ello es el incumplimiento del Acuerdo Sectorial, que se pactó en 2017 y se publicó en enero de este año entre sindicatos y Ejecutivo regional para mejorar las condiciones del profesorado y que, en muchos puntos, amenaza con quedarse en papel mojado.

Los ejemplos de desatención institucional son múltiples. Por ejemplo, 2.800 cupos de maestros que debían incorporarse a las plantillas lo están haciendo de forma desorganizada, sin criterios transparentes, de tal modo que esos recursos son ilocalizables y estériles en los centros, incapaces de gestionar el aumento de alumnado y aquellas funciones de los docentes que sobrepasan las de la docencia directa. Un curso más las aulas están masificadas y hay falta de docentes para atender las necesidades del alumnado. Y los agravios no acaban aquí: las condiciones retributivas de los maestros madrileños se siguen alejando de la media nacional, algo incomprensible e injustificable en la región más rica del país y en un momento de crecimiento económico.

Ejercer como profesor o profesora en Madrid supone cobrar menos y trabajar más horas que en muchas comunidades autónomas. En la región, el complemento autonómico permanece completamente congelado desde 2017 y además el complemento de tutoría que recibe el profesorado de Educación Secundaria es exiguo en comparación al de otras regiones, a pesar de que tutorizar a los alumnos supone una de las principales funciones de un maestrodel profesorado. En la actualidad, la cifra es de apenas 38 euros y debería subir en un 400% para situarse en la media nacional, que roza los 160 euros. Por si fuera poco, aquellos docentes que desempeñan su función en centros de difícil desempeño no cuentan con ningún complemento que reconozca el nivel de implicación y dificultad de su trabajo.

Desde CCOO, llevamos años batallado sin descanso para lograr dignificar las condiciones del profesorado en Madrid, pues somos conscientes de que se trata de un imperativo ético mucho más urgente y necesario que esas campañas publicitarias que impulsa la Consejería de Educación para ensalzar nuestro trabajo al mismo tiempo que nos arrebata las herramientas para poder desarrollarlo con plenitud. No queremos más palmadas en la espalda, ni más expertos que jamás han pisado un aula diciéndonos cómo debemos actuar. Solo necesitamos los recursos para poder desarrollar nuestro trabajo con rigor y calidad.

Frente a su hipocresía y manipulación, incluso contra las “fake news” con las que pretender vender su gestión, nuestro compromiso con la educación madrileña abarca múltiples frentes. Desde CCOO hemos empleado la vía jurídica -denunciando las elevadas e ilegales ratios de las aulas- y la Justicia nos ha dado la razón. Asimismo hemos recurrido a la movilización social y a la presión mediática para conseguir revertir la senda de los recortes. Hemos logrado, entre otras medidas, un aumento del sueldo del profesorado según la evolución del PIB, la recuperación de las pagas extras que fueron recortadas durante la crisis y que el profesorado interino por fin cobre los veranos.

Sin embargo, todavía queda mucho por reconquistar para vencer definitivamente el pulso a la desprotección administrativa y lograr que toda la ciudadanía madrileña tenga acceso a la educación que nos merecemos. Se trata de contexto político y social convulso, por mucho que en él se quieran abrir paso posiciones tristemente conocidas en la educación madrileña: conocidos son los actores, el guion, sus arquetipos y aquellos que ejercen de cla para estas posiciones. Por eso toca empujar más que nunca para defender las condiciones laborales y profesionales del profesorado, para defender la educación pública.

Frente al modelo privatizador de la Consejería de Educación, de las políticas educativas que no creen en la profesionalidad del profesorado y que vulneran la libertad de cátedra, que promueven la desigualdad, la segregación o la exclusión, tenemos que seguir actuando para que la educación pública madrileña tenga un plan sólido que revierta los recortes, cumpla el Acuerdo Sectorial, tenga garantías jurídicas y recupere la normalidad democrática en el conjunto del sistema educativo. Es algo que nos debemos a nosotros mismos, a nuestro alumnado y a aquellos profesores y profesoras que nos inspiraron a la hora de inclinarnos hacia la enseñanza, una vocación tan imprescindible como institucionalmente maltratada. Es algo que le debemos a la sociedad madrileña, a la sociedad española, porque hoy más que nunca nos esperan ahí fuera, nos esperan en nuestras aulas, en nuestros centros educativas, se espera el impulso de nuestras posiciones, de nuestro deber ético, para alcanzar la educación que nos merecemos.

Sin supervillanos no hay superhéroes

Material escolar impecable. Instalaciones en perfecto estado. Aulas alejadas de la masificación. El retrato de la situación de la educación pública madrileña que dibuja el spot que ha lanzado este mes la Comunidad de Madrid parece sacado de una serie de ciencia ficción. En el vídeo -que forma parte de la campaña de comunicación que el Ejecutivo de la región ha lanzado con motivo del Día Mundial de los Docentes- los maestros y las maestras aparecen tranquilos, con gesto relajado. Ni rastro del estrés que sufrimos por tener que atender a muchos más estudiantes de los que permiten las ratios legales o por vernos obligados a dar clase en aulas a medio construir.

Poco importa nuestro caótico día a día. “No dejes que la verdad te estropee una buena historia”, debieron de pensar los publicistas que dieron forma a una campaña que ha costado cerca de un millón de euros (casi la misma cuantía destinada a todos los comedores escolares de nuestra comunidad durante el último verano) y que, según Ángel Garrido, busca reconocer la labor docente del profesorado madrileño. Lo hace a través de un lema que este mes copa las marquesinas de autobús, las páginas de periódicos y las cuñas publicitarias de numerosas radios de la región: “Si tuviera superpoderes sería maestro. Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor”. Un mensaje que podría funcionar a la perfección si no fuera porque deja traslucir la hipocresía y la torpeza comunicativa del Gobierno de la Comunidad. Porque al tildarnos de superhéroes lo que está evidenciando es que sí, ciertamente parece que necesitamos tener superpoderes para llegar a cubrir la situación de desamparo e indefensión en la que el Gobierno del Partido Popular ha dejado a las escuelas públicas madrileñas. Porque no hay superhéroes sin supervillanos.

Actuamos como superhéroes cada vez que nos rompemos la cabeza y tiramos de creatividad para conseguir que todos los estudiantes aprendan, aunque muchos no puedan costearse el material escolar y unos libros de texto que siguen lejos de ser gratuitos en la región y que, como máximo, son financiados mediante becas-préstamo para unos muy pocos. Actuamos cada superhéroes cada vez que nos dejamos la voz para intentar mantener la atención en aulas sobrecargadas, donde se agolpa tanta gente que lograr silencio se convierte en una labor titánica. Actuamos como superhéroes cada vez que dedicamos horas de más para poder hablar con las familias de todo nuestro alumnado y corregir cada uno de los trabajos exámenes, porque con más alumnos y alumnas por clase de los que caben en las aulas es complicado encontrar hueco para todos.

Lo hacemos, a pesar de que estamos entre el profesorado que menos cobra de todo España y que más horario lectivo desarrolla, porque tenemos una pasión por nuestro trabajo y una vocación de servicio público de la que carece el Gobierno madrileño. Precisamente por eso nos parece intolerable que se atreva a utilizar nuestro compromiso para intentar eludir su responsabilidad a la hora garantizar una educación pública a la altura de la ciudadanía madrileña. No podemos seguir actuando como parches a su nefasta gestión, menos cuando lo hacemos a costa de comprometer nuestra salud y nuestras horas de sueño. No necesitamos ser superhéroes, necesitamos recursos.

Nos negamos a participar en una campaña que es un intento de lavado de imagen, tan burdo que resulta insultante. Es una desfachatez que desde el Gobierno madrileño se atrevan a utilizar en el lema de la campaña la oración “reconoce y apoya la labor del profesorado madrileño”, cuando ellos son los primeros que no lo hacen cada vez que incumplen el Acuerdo Sectorial que firmaron con los sindicatos al principio de este año, cuando imponen pruebas externas que cuestionan nuestra labor y criterio profesional o cuando persiguen, reprimen y represalian todo signo de discrepancia con sus políticas y con el adoctrinamiento que imponen en los centros educativos madrileños a través del currículo. Si de verdad quieren poner en valor nuestra dedicación, la solución es fácil: la próxima vez que les parezca una idea brillante invertir 900.000 en una campaña relacionada con la enseñanza, que sea para mejorar la realidad en vez de para construir un relato de ficción.

Montecarmelo, un nuevo Fuenteovejuna educativo

Decía el escritor uruguayo Eduardo Galeano que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, es capaz de cambiar el mundo. Su célebre cita bien podría haber estado inspirada por la labor de las familias de Montecarmelo, que llevan una década luchando por la construcción de un instituto de educación secundaria en su barrio. Ha sido una batalla de desgaste salpicada por múltiples zancadillas institucionales propinadas por el Gobierno regional, que ni siquiera ha dado luz verde todavía a la parcela donde deberá edificarse. La inacción gubernamental persiste a pesar de que los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid de 2016 incluían una partida para poner en marcha la edificación de la infraestructura.

La excusa del Gobierno dirigido por Ángel Garrido para no iniciar las obras es un ejemplo magistral de hipocresía política. Se aferra a que la única parcela disponible en el barrio no es viable “técnicamente”. Resulta una apreciación muy cuestionable, sobre todo teniendo en cuenta que no ha aportado ningún informe que avale ese criterio y que, hace cinco años, el anterior Gobierno madrileño no puso ninguna traba para construir en esa misma parcela un centro de iniciativa privada.

No hay que ser ningún experto en psicología social para entender que una desatención tan manifiesta busca transmitir desánimo a los vecinos y vecinas y desarticular el movimiento ciudadano. Pero lejos de claudicar ante la resignación, decenas de familias han decidido movilizarse para impedir que la inacción gubernamental se cronifique en un barrio que no cuenta con ningún instituto público, a pesar de que cerca de 4.000 niños de entre 3 y 16 años de edad viven en la zona.

Por ello se han organizado en la Plataforma por la Educación Pública de Montercarmelo, compuesta por las AMPAS de los dos colegios públicos que acogen a los pequeños del barrio: el CEIP Infanta Leonor y el CEIP Antonio Fontán, así como por la Asociación de Vecinos de Montecarmelo. Se han propuesto contratar a un equipo de arquitectos para que elabore un informe técnico que acredite la viabilidad de la construcción en esos terrenos y lograr así desbloquear una situación que debería ser inaudita en una ciudad como Madrid. Para ello, necesitan acometer una actuación geotécnica y un estudio acerca de la viabilidad geométrica de la parcela, cuyo coste rondará los 3.000 € según el presupuesto estimado por los arquitectos contratados.

Se trata de una cifra insignificante para las arcas públicas, pero que supone un gran esfuerzo para las decenas de familias que reclaman un derecho tan básico y tan necesario como poder acceder a una educación pública digna. Para aglutinar fuerzas han creado un bote solidario, que lleva recaudados más de 1.500 euros y en el que cualquiera puede colaborar a partir de cinco euros de aportación. Todavía les queda aproximadamente el 50% para que el informe técnico pueda materializarse. Cuando lo consigan, se han comprometido a hacer públicas todas las facturas que demuestren que todo lo recaudado irá destinado exclusivamente a pagar el informe.

Vuelven a hacer gala así de una transparencia que contrasta con el oscurantismo de la Administración pública. Con su esfuerzo y su audacia, los vecinos y vecinas de Montecarmelo evidencian que la ciudadanía camina varios pasos por delante de las instituciones. La solidaridad vecinal le planta cara a los intereses privados de un Gobierno que demuestra una y otra vez que el bienestar de las familias para las que dice gobernar le importa bien poco.

No hay absolutamente ninguna razón capaz de explicar que una zona de nueva construcción con un crecimiento demográfico tan importante como Montecarmelo cuente con dos centros privados y ninguno público. Menos aún cuando el IES Mirasierra -el instituto al que están adscritos los colegios de la zona- se encuentra con graves problemas de masificación y falta de espacios, debido al gran volumen de alumnos que acoge.

La iniciativa de las familias de Montecarmelo deja un poso agridulce. Por un lado, es inevitable sentir rabia al comprobar que tienen que ser los vecinos quienes asuman una carga que corresponde al Gobierno Regional, que prefiere seguir destinando los recursos públicos a blindar la educación privada. Por otro lado, resulta esperanzador saber que la ciudadanía es capaz de mover ficha -aunque quienes detentan el poder se enroquen- y de organizarse para no perder la partida.

No se puede jugar con la educación ni con el futuro de la región. Es intolerable que este curso haya comenzado en Madrid con 80 colegios sin construir, con obras, o envueltos en desperfectos. Pero tenía razón Galeano. Aunque se empeñen en que todo siga igual y en atomizarnos, nos encontrarán en común para defender nuestros derechos. Los vecinos y vecinas de Montecarmelo, como los de Rejas y otras tantas zonas con promesas de construcción de centros incumplidas, se han unido todos a una. Han prendido así la llama de un nuevo Fuenteovejuna por la educación, que no parará hasta que la acción ciudadana logre poner en marcha la acción gubernamental.

Reducir la masificación en las aulas: una urgencia educativa

Cualquiera que haya trabajado en un aula es consciente del enorme impacto que tiene la ratio de alumnos por aula en la calidad educativa. En las clases masificadas, mantener el orden consume una cantidad de tiempo desproporcionada y prestar una atención individualizada al alumnado se convierte en una utopía. Por no hablar de los equilibrismos que tenemos que realizar los profes para conseguir reunirnos con todos los padres y corregir a tiempo los exámenes de decenas de alumnos y alumnas.

Esta situación es perfectamente conocida por la Consejería de Educación, pero le importa muy poco. Solo así se explica la orden escrita que remitió el mes pasado a varios colegios de Moratalaz, Villa de Vallecas y Puente de Vallecas. En ella se les instaba a aumentar la ratio por aula en Educación Infantil y Primaria. No debería sorprendernos, ya que las órdenes verbales de este tipo han sido habituales en los últimos años. Lo que sí resulta insólito, sin embargo, es que la directriz se haga por escrito, lo que constituye un hecho no solo extraordinario sino sobre todo amenazador, porque con ello la Consejería se ha quitado definitivamente la careta y nos deja frente a una evidencia incuestionable: el derecho a una educación pública de calidad nunca será una prioridad para el Gobierno del PP.

Por mucho empeño y esfuerzo que pongamos los docentes, apenas llegamos a sanear, a duras penas, las muchas grietas de la enseñanza tras estos años de desmantelamiento de lo público. Solo en Villa de Vallecas hacen falta más de doscientas plazas escolares, el mismo número que de niñas y niños necesitados del acceso a una escolarización digna. El dato no es nuevo ni la carencia sobrevenida: ya faltaban en todo el distrito más de 700 plazas escolares en las diferentes etapas y enseñanzas en el curso 2016/2017. Esa falta de plazas en los centros públicos es un problema estructural en Moratalaz, en Vallecas así como en otros distritos de Madrid; y en muchas otras ciudades de nuestra comunidad. Por eso el curso ha empezado, un año más, con las aulas al límite del desborde y la certeza de que la norma de reversión de recortes que está preparando el Ejecutivo de Pedro Sánchez quedará en papel mojado en Madrid debido a la irresponsabilidad del Gobierno regional y su clara apuesta por la educación privada.

Cumplir la legalidad parece un precepto de sentido común. Respetar las ratios de 25 alumnos en Infantil y Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato no debería ser inviable , por tanto, en una Comunidad que puede presumir de ser la más rica de España, según el Gobierno de Madrid. Y sin embargo la Consejería se aferra a las circunstancias de excepcionalidad que permite la LOMCE para imponer unas ratios abusivas haciendo norma lo que debería ser excepción.

Por si esta falta de voluntad no fuera lo suficientemente nociva, desde la Comunidad de Madrid atribuyen la culpa de esta situación a la “errática política migratoria de Sánchez” y a la llegada de alumnos venezolanos y africanos este verano. A pesar de la gravedad de la acusación, se han negado a aportar cifras del número de inmigrantes que están siendo escolarizados, del motivo por el que han sido inscritos en esos centros en concreto o de cuándo se han producido esas matriculaciones. Es extremadamente preocupante que el gobierno regional alimente un discurso xenófobo -máxime cuando el crecimiento de la ultraderecha copa la agenda mediática- en vez de asumir su propia responsabilidad en la crónica de una saturación anunciada.

Y es que no cabe duda, por mucho que se intenten echar balones fuera, de que las cifras no mienten. No se trata de un problema relacionado con la inmigración, sino con la falta de planificación desde la Comunidad de Madrid. El curso pasado, por ejemplo, hubo un aumento de 17.000 alumnos repartidos en diversas etapas educativas, y en los últimos años el crecimiento ha sido escalado. Bastaba, por tanto, con prever la situación en vez de inventarse un enemigo imaginario para buscar la confrontación social y justificar la desprotección pública de las zonas más desprotegidas de la región.

Así las cosas, en CC. OO. seguiremos dando la batalla en los tribunales. Nos vamos a resignarnos a que Madrid tenga las ratios por aula más altas de España. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya ha emitido cuatro sentencias (la última ha llegado hoy mismo) que otorgan legitimidad a nuestras demandas sobre la necesidad de cumplir las ratios para poder ofrecer una enseñanza pública digna y de calidad. Mientras la Consejería dirigida por Rafael Van Grieken se pone de perfil, continuaremos peleando en los juzgados -pero sobre todo en las calles junto a las familias y al alumnado- hasta que logremos que el fin de la crisis deje de ser una ficción con la que algunos se hinchan el pecho y se convierta en una realidad en la enseñanza pública.

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