Isabel Galvín

Isabel Galvín es Profesora. Sindicalista. En crecimiento. Resistiendo y transformando.Viajera. Lectora. Compa. Madre. Aprendiza. Secretaria General Educación de CCOO en Madrid.

Montecarmelo, un nuevo Fuenteovejuna educativo

Decía el escritor uruguayo Eduardo Galeano que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, es capaz de cambiar el mundo. Su célebre cita bien podría haber estado inspirada por la labor de las familias de Montecarmelo, que llevan una década luchando por la construcción de un instituto de educación secundaria en su barrio. Ha sido una batalla de desgaste salpicada por múltiples zancadillas institucionales propinadas por el Gobierno regional, que ni siquiera ha dado luz verde todavía a la parcela donde deberá edificarse. La inacción gubernamental persiste a pesar de que los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid de 2016 incluían una partida para poner en marcha la edificación de la infraestructura.

La excusa del Gobierno dirigido por Ángel Garrido para no iniciar las obras es un ejemplo magistral de hipocresía política. Se aferra a que la única parcela disponible en el barrio no es viable “técnicamente”. Resulta una apreciación muy cuestionable, sobre todo teniendo en cuenta que no ha aportado ningún informe que avale ese criterio y que, hace cinco años, el anterior Gobierno madrileño no puso ninguna traba para construir en esa misma parcela un centro de iniciativa privada.

No hay que ser ningún experto en psicología social para entender que una desatención tan manifiesta busca transmitir desánimo a los vecinos y vecinas y desarticular el movimiento ciudadano. Pero lejos de claudicar ante la resignación, decenas de familias han decidido movilizarse para impedir que la inacción gubernamental se cronifique en un barrio que no cuenta con ningún instituto público, a pesar de que cerca de 4.000 niños de entre 3 y 16 años de edad viven en la zona.

Por ello se han organizado en la Plataforma por la Educación Pública de Montercarmelo, compuesta por las AMPAS de los dos colegios públicos que acogen a los pequeños del barrio: el CEIP Infanta Leonor y el CEIP Antonio Fontán, así como por la Asociación de Vecinos de Montecarmelo. Se han propuesto contratar a un equipo de arquitectos para que elabore un informe técnico que acredite la viabilidad de la construcción en esos terrenos y lograr así desbloquear una situación que debería ser inaudita en una ciudad como Madrid. Para ello, necesitan acometer una actuación geotécnica y un estudio acerca de la viabilidad geométrica de la parcela, cuyo coste rondará los 3.000 € según el presupuesto estimado por los arquitectos contratados.

Se trata de una cifra insignificante para las arcas públicas, pero que supone un gran esfuerzo para las decenas de familias que reclaman un derecho tan básico y tan necesario como poder acceder a una educación pública digna. Para aglutinar fuerzas han creado un bote solidario, que lleva recaudados más de 1.500 euros y en el que cualquiera puede colaborar a partir de cinco euros de aportación. Todavía les queda aproximadamente el 50% para que el informe técnico pueda materializarse. Cuando lo consigan, se han comprometido a hacer públicas todas las facturas que demuestren que todo lo recaudado irá destinado exclusivamente a pagar el informe.

Vuelven a hacer gala así de una transparencia que contrasta con el oscurantismo de la Administración pública. Con su esfuerzo y su audacia, los vecinos y vecinas de Montecarmelo evidencian que la ciudadanía camina varios pasos por delante de las instituciones. La solidaridad vecinal le planta cara a los intereses privados de un Gobierno que demuestra una y otra vez que el bienestar de las familias para las que dice gobernar le importa bien poco.

No hay absolutamente ninguna razón capaz de explicar que una zona de nueva construcción con un crecimiento demográfico tan importante como Montecarmelo cuente con dos centros privados y ninguno público. Menos aún cuando el IES Mirasierra -el instituto al que están adscritos los colegios de la zona- se encuentra con graves problemas de masificación y falta de espacios, debido al gran volumen de alumnos que acoge.

La iniciativa de las familias de Montecarmelo deja un poso agridulce. Por un lado, es inevitable sentir rabia al comprobar que tienen que ser los vecinos quienes asuman una carga que corresponde al Gobierno Regional, que prefiere seguir destinando los recursos públicos a blindar la educación privada. Por otro lado, resulta esperanzador saber que la ciudadanía es capaz de mover ficha -aunque quienes detentan el poder se enroquen- y de organizarse para no perder la partida.

No se puede jugar con la educación ni con el futuro de la región. Es intolerable que este curso haya comenzado en Madrid con 80 colegios sin construir, con obras, o envueltos en desperfectos. Pero tenía razón Galeano. Aunque se empeñen en que todo siga igual y en atomizarnos, nos encontrarán en común para defender nuestros derechos. Los vecinos y vecinas de Montecarmelo, como los de Rejas y otras tantas zonas con promesas de construcción de centros incumplidas, se han unido todos a una. Han prendido así la llama de un nuevo Fuenteovejuna por la educación, que no parará hasta que la acción ciudadana logre poner en marcha la acción gubernamental.

Reducir la masificación en las aulas: una urgencia educativa

Cualquiera que haya trabajado en un aula es consciente del enorme impacto que tiene la ratio de alumnos por aula en la calidad educativa. En las clases masificadas, mantener el orden consume una cantidad de tiempo desproporcionada y prestar una atención individualizada al alumnado se convierte en una utopía. Por no hablar de los equilibrismos que tenemos que realizar los profes para conseguir reunirnos con todos los padres y corregir a tiempo los exámenes de decenas de alumnos y alumnas.

Esta situación es perfectamente conocida por la Consejería de Educación, pero le importa muy poco. Solo así se explica la orden escrita que remitió el mes pasado a varios colegios de Moratalaz, Villa de Vallecas y Puente de Vallecas. En ella se les instaba a aumentar la ratio por aula en Educación Infantil y Primaria. No debería sorprendernos, ya que las órdenes verbales de este tipo han sido habituales en los últimos años. Lo que sí resulta insólito, sin embargo, es que la directriz se haga por escrito, lo que constituye un hecho no solo extraordinario sino sobre todo amenazador, porque con ello la Consejería se ha quitado definitivamente la careta y nos deja frente a una evidencia incuestionable: el derecho a una educación pública de calidad nunca será una prioridad para el Gobierno del PP.

Por mucho empeño y esfuerzo que pongamos los docentes, apenas llegamos a sanear, a duras penas, las muchas grietas de la enseñanza tras estos años de desmantelamiento de lo público. Solo en Villa de Vallecas hacen falta más de doscientas plazas escolares, el mismo número que de niñas y niños necesitados del acceso a una escolarización digna. El dato no es nuevo ni la carencia sobrevenida: ya faltaban en todo el distrito más de 700 plazas escolares en las diferentes etapas y enseñanzas en el curso 2016/2017. Esa falta de plazas en los centros públicos es un problema estructural en Moratalaz, en Vallecas así como en otros distritos de Madrid; y en muchas otras ciudades de nuestra comunidad. Por eso el curso ha empezado, un año más, con las aulas al límite del desborde y la certeza de que la norma de reversión de recortes que está preparando el Ejecutivo de Pedro Sánchez quedará en papel mojado en Madrid debido a la irresponsabilidad del Gobierno regional y su clara apuesta por la educación privada.

Cumplir la legalidad parece un precepto de sentido común. Respetar las ratios de 25 alumnos en Infantil y Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato no debería ser inviable , por tanto, en una Comunidad que puede presumir de ser la más rica de España, según el Gobierno de Madrid. Y sin embargo la Consejería se aferra a las circunstancias de excepcionalidad que permite la LOMCE para imponer unas ratios abusivas haciendo norma lo que debería ser excepción.

Por si esta falta de voluntad no fuera lo suficientemente nociva, desde la Comunidad de Madrid atribuyen la culpa de esta situación a la “errática política migratoria de Sánchez” y a la llegada de alumnos venezolanos y africanos este verano. A pesar de la gravedad de la acusación, se han negado a aportar cifras del número de inmigrantes que están siendo escolarizados, del motivo por el que han sido inscritos en esos centros en concreto o de cuándo se han producido esas matriculaciones. Es extremadamente preocupante que el gobierno regional alimente un discurso xenófobo -máxime cuando el crecimiento de la ultraderecha copa la agenda mediática- en vez de asumir su propia responsabilidad en la crónica de una saturación anunciada.

Y es que no cabe duda, por mucho que se intenten echar balones fuera, de que las cifras no mienten. No se trata de un problema relacionado con la inmigración, sino con la falta de planificación desde la Comunidad de Madrid. El curso pasado, por ejemplo, hubo un aumento de 17.000 alumnos repartidos en diversas etapas educativas, y en los últimos años el crecimiento ha sido escalado. Bastaba, por tanto, con prever la situación en vez de inventarse un enemigo imaginario para buscar la confrontación social y justificar la desprotección pública de las zonas más desprotegidas de la región.

Así las cosas, en CC. OO. seguiremos dando la batalla en los tribunales. Nos vamos a resignarnos a que Madrid tenga las ratios por aula más altas de España. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya ha emitido cuatro sentencias (la última ha llegado hoy mismo) que otorgan legitimidad a nuestras demandas sobre la necesidad de cumplir las ratios para poder ofrecer una enseñanza pública digna y de calidad. Mientras la Consejería dirigida por Rafael Van Grieken se pone de perfil, continuaremos peleando en los juzgados -pero sobre todo en las calles junto a las familias y al alumnado- hasta que logremos que el fin de la crisis deje de ser una ficción con la que algunos se hinchan el pecho y se convierta en una realidad en la enseñanza pública.

Calendario escolar, inicio de curso y experimentos con gaseosa

“Los experimentos deben ser con gaseosa”, le espetó Eugenio D’Ors a un camarero después de que éste vertiera buena parte de una botella de champán sobre su chaqueta porque no sabía abrirla. No fue Eugenio D’Ors un escritor precisamente calificado como progresista radical, por lo que el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael van Grieken, debería seguir tranquilamente esta máxima en asuntos tan relevantes como es el calendario escolar y lo que suponen las fechas que contiene.

El curso está comenzando y, por cuarto año consecutivo, faltan docentes asignados a tiempo para poder iniciar las actividades docentes y lectivas. Así, el 7 de septiembre se iniciaron las clases en Infantil y Primaria sin al menos 3.311 profesores en los colegios. Hoy llega el alumnado a los institutos y, tras la asignación informática de septiembre, faltan al menos 2.236 profes. Cifras muy fáciles de calcular si se compara la plantilla nombrada el curso pasado por estas fechas más los nuevos 800 profesores incorporados según lo que el presidente Garrido proclama.

Es una situación muy grave porque detrae derechos de alumnado y profesorado. Lo peor es que según se recoge en los documentos de la propia Consejería de Educación no se va a solventar de inmediato porque los actos públicos de nombramientos empezarán el día 11 y pueden continuar hasta el 20 de septiembre. Es una situación forzada por un calendario escolar estresante y estresado.

Es a través de la Orden 2227/2018 del 28 de junio, por la que el consejero ha impuesto el calendario del próximo curso. Esta Orden, redactada con un lenguaje machista, evidencia la veracidad de la cita: “el hombre (que no la mujer diría yo) es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra”. Y es que el experimento del pasado año con el calendario escolar se va repetir este año con idénticos errores a sabiendas de que su existencia supusiera, tanto en el inicio, como en el fin de curso pasado, el caos y fuese calificado de “estrepitoso fracaso” por todos los agentes de la comunidad educativa.

Lejos de enmendar y haber realizado alguna evaluación del experimento, sin ningún análisis sobre el adelanto a junio de las evaluaciones finales y, por supuesto, sin ningún consenso, el consejero ha vuelto a imponer un calendario tan irracional que él mismo es incapaz de cumplir. De hecho, empieza el curso según las fechas marcadas en el calendario de Van Grieken con más de 90 centros en obras, el alumnado sin todos sus profesores y estos sin tiempo remunerado real para conocer el proyecto del centro al que llegan, preparar sus clases, coordinarse con sus compañeros, planificar, adecuar los espacios y todas las demás tareas docentes que es necesario realizar antes de empezar las lectivas.

Todo indica que van Grieken confunde “calendario escolar” con “santoral”, insistiendo en males que ya vienen de antiguo como imponer un calendario conformado sin criterios educativos. Además desliga el calendario de las fechas y los días que lo componen, obviando la planificación, organización y gestión que se necesitan para que sea posible su cumplimiento. Tareas todas de absoluta competencia como máximo responsable de la consejería.

De esta forma, sufrimos las consecuencias de una sucesión de fracasos personales de incumplimiento de promesas del consejero a los que se suma no ser capaz de garantizar la homologación del calendario entre los diferentes tipos de centros que imparten las mismas enseñanzas y etapas, y ni siquiera entre centros públicos y concertados, a pesar de que estos últimos estén sostenidos con fondos públicos. La propia Consejería ha concedido moratorias según la titularidad de los centros como se ha podido conocer generando una muy criticable: la inseguridad jurídica y una gravísima desigualdad entre alumnado.

El experimento de este calendario escolar y este inicio de curso sin profesores suficientes, sin todos los centros públicos terminados, con tantas mentiras y compromisos incumplidos es mucho más grave que lo que le ocurrió a Eugenio D’Ors cuando el camarero vertió champán sobre su chaqueta. Van Grieken experimenta con la Educación, que es el futuro, sin tomar nota de lo que su calendario escolar señala en nuestras agendas sobre incompetencia, dejadez y abandono y lo que puede suponer a la hora de desvertebrar la educación pública, es decir, a la sociedad madrileña. El consejero debería aplicarse la máxima, “los experimentos, con gaseosa” y salvaguardar a nuestros niños y niñas, nuestro mayor tesoro, de sus obsesiones que tanto daño están haciendo.

1968, “obreros y estudiantes, unidos adelante”

En abril de1968 la canción del momento en el movimiento estudiantil italiano aunaba sueños revolucionarios de unidad. Su título era “La violencia”, también conocida como “La caza de brujas”:

“Hoy he visto en la marcha
tantas caras sonrientes,
la compañera, quince años,
los obreros con los estudiantes.

¡El poder para los obreros!
¡No a la escuela del patrón!
¡Siempre unidos venceremos!
¡Viva la Revolución!”

(…)

Nadie puede negar que después del agitado año1968, las cosas nunca volverían a ser igual. Gracias a aquella convulsión hoy día están en la agenda del debate asuntos como la educación igualitaria, el ecologismo, el feminismo, la libertad sexual, el pacifismo, el antiimperialismo… En 1968 no hubo una revolución al uso en un país determinado, sino multitud de revueltas en múltiples y variopintos lugares, con un denominador común: la vanguardia estuvo formada por estudiantes.

Tal como explica Joaquin Estefanía, autor de “Revoluciones. Cincuenta años de rebeldía”, cambió el sujeto redentor de la contestación y así, el movimiento obrero que había tenido el monopolio de las luchas por el progreso desde el año 1848, tuvo que compartirlo a partir de entonces con los movimientos estudiantiles.

Los estudiantes se echan a las calles en París, Praga, Berlín, Roma; pero también en Estados Unidos, Méjico, Japón…, incluso de una forma particular en Madrid, en el año del legendario concierto de Raimon, el 17 de mayo, en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense.

Aunque no fueron revueltas extremadamente violentas, la violencia gubernamental del PRI tomó cariz de genocidio en Méjico, con la “Matanza de Tlatelolco” la noche del 2 de octubre, con cifras desconocidas de víctimas, aunque se barajan entre 325 y 500 asesinados, miles de heridos y 2.000 detenidos. Todo ello diez días antes de las Olimpiadas de Méjico, unos juegos en los que la reivindicación de los deportistas negros fue también icono de aquel año.

Pero meses antes fue París el lugar en que estalló la chispa. El 8 de enero, Françoise Missofe, ministro de Juventud y Deportes del Gobierno francés de Pompidou se dirigió a la Universidad de Nanterre a inaugurar una piscina, un centro del extrarradio parisino. El ministro fue abucheado por ser responsable de un estudio sobre la juventud estudiantil francesa. Un joven alzó la voz y reprochó al ministro que ese documento no hablara de las relaciones sexuales entre estudiantes. El joven era Daniel Cohn-Bendit, “Dany el Rojo”. El mayo del 68 francés estaba en marcha.

Tres meses después, surge el “Movimiento 22 de marzo”, día muy relevante para el movimiento estudiantil, ya que seis estudiantes fueron detenidos en una jornada de protesta contra la Guerra de Vietnam. El Movimiento desembocaría en la manifestaciones de principios de mayo. En ese momento tendrá gran importancia la adhesión de los sindicatos de profesores, que sirvieron de cabeza de puente para la unidad con los grandes sindicatos industriales con la CGT a la cabeza. La convocatoria de la mayor huelga general francesa y de la Europa occidental contemporánea para el 13 de mayo estaba servida frente a la represión.

Ramón González Férriz en “1968. El nacimiento de un nuevo mundo” hace hincapié en esa buscada unidad, no exenta de problemas, entre estudiantes, profesorado y obreros y la distancia que el lenguaje creaba entre estos colectivos.

En su ensayo cita dos obras fundamentales que influyeron en el mayo francés: “Tratado del saber vivir para el uso de las jóvenes generaciones” de Raoul Vaneigem y “La sociedad del espectáculo”, de Guy Debord. Dos obras tremendamente complejas, casi crípticas y repletas de referencias literarias y filosóficas que apelaban, igual que los discursos callejeros, a la clase trabajadora y a la unión de los obreros con los estudiantes mediante la eliminación de las clases sociales.

El propio Cohn-Bendit reconoció la distancia que imprimía el lenguaje, culpabilizando no a ese lenguaje, sino al propio capitalismo porque “la desigualdad cultural no es un accidente, sino parte integral de la estructura opresiva” de la sociedad capitalista. Por ello, los estudiantes desdeñaban las universidades y las escuelas, calificándolas de “escuelas de privilegios”.

Sin duda, con las revoluciones de 1968 se evidenció que para avanzar, para progresar, es necesaria la unidad, algo que también se vivió en España, bajo el yugo del franquismo. No podemos olvidar que en junio de 1967, tras espontáneos surgimientos de Comisiones Obreras por todo el país, se convocó, clandestinamente, la primera Asamblea Nacional de CCOO en Aravaca.

En aquel 1968 era clausurado el SUT (Servicio Universitario del Trabajo) invento del padre Llanos que puso peligrosamente en contacto al movimiento estudiantil con la clase obrera. Por allí pasarían Cristina Almeida, Nicolás Sartorius, Manuel Vázquez Montalbán y tantas personas enfrentadas al franquismo.

1968 fue el año en que los obreros de Hunosa o Fasa- Renault se echan a la huelga y son duramente reprimidos por la policía. El año en que tantos emigrantes españoles también se manifiestan por toda Europa. Una generación que hoy vuelve a salir a las calles para asentar libertades y pelear por el Estado del bienestar.

El espíritu de 1968 sigue vivo en el multitudinario 8 de marzo, en la defensa de la enseñanza pública, igualitaria, de calidad; en la defensa de los derechos humanos de inmigrantes y refugiados. En el 68 se arrancaron muchos imposibles hoy podemos defenderlos y ampliarlos.

El 18 de julio y los colegios de la República

“La enseñanza primaria será gratuita y obligatoria (…) La enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspirará en ideales de solidaridad humana…”.Artículo 48 de la Constitución de la II República Española.Si hubo un ámbito en el que la II República Española no fue una utopía, o un sueño romántico, fue en el de la Educación. Por eso existió aquel sangriento 18 de julio de 1936. Aquel día de estío, de vacaciones escolares –en un interminable verano como nos recordaba Fernán Gómez en Las bicicletas son para el verano-, el sablazo franquista inició una barbarie que se extendería durante tres años con una persecución sistematizada durante casi cuatro décadas más.


Los avances eran demasiado importantes, el progreso se instaló en la agenda de la República y el fascismo reaccionó con sus cómplices de siempre. Un baño de sangre. Tres años de dura defensa de la legítima democracia no fueron suficientes y España se convirtió en una cárcel con olor a miedo, a rancia sotana, a persecución y mujeres en casa con la pata quebrada.

Como se narra en el documental La República de los maestros, la depuración no se hizo esperar, primero contra los jueces y fiscales que aplicaron las leyes y después contra los maestros y las maestras. Tres de cada diez fueron castigados de una forma u otra con traslados, jubilaciones anticipadas, inhabilitados para la enseñanza por unas comisiones integradas por Falange, la Iglesia y vecinos de buenas costumbres que sancionaban incluso “haber realizado auto stop”.


Es incuantificable el número de maestros que pueblan las cunetas de España. La opacidad, la losa franquista impide conocer el número de enseñantes asesinados por “inocular el virus republicano”, tal como proclamaba el franquismo. De esa depuración también fueron víctimas los centros escolares construidos durante la República, cuyos nombres arrebató la propaganda franquista de la memoria y de la historia. Nombres que hoy peleamos para que se restituyan. Nombres que fueron barridos por el fascismo, con decretos fascistas, que no han sido derogados.


Así, una Orden Ministerial plasmada en el BOE de 22 de octubre de 1938 ordena que: “Por todos los Ayuntamientos de la España liberada se procederá la revisión de los nombres que tenían las Escuelas y Grupos escolares con anterioridad al 18 de julio de 1936, con el fin de que su denominación responda plenamente a los ideales de nuestro Movimiento Nacional”.


Pocos días después de que los golpistas hubieran “alcanzado sus últimos objetivos militares”, entraba en vigor la Orden de 20 de abril de 1939 que cambiaba los nombres de dieciséis Grupos Escolares. La orden está argumentada de esta manera: “El régimen republicano, definitivamente abolido en España, sirviendo orientación de las logias, y persiguiendo grabar en la mente de los niños al exaltar las figuras representativas del marxismo internacional de la revolución marxista y literatos de la derrotista generación del año 98, aquellos falsos valores que habían de influir en su formación intelectual y moral, utilizó los Grupos Escolares de Madrid para la consecución de sus fines morbosos, antipatrióticos y descristianizadores”.


Por ejemplo, el Grupo “14 de Abril”, pasó a denominarse “José Calvo Sotelo”; “Pablo Iglesias”, se rebautizó como “José Antonio Primo de Rivera” o “Nicolás Salmerón” se convirtió en “General Mola”… Frente a esta barbaridad histórica surgió recientemente la Plataforma por la Restitución de los nombres de los colegios de la Segunda República, de la que las Comisiones Obreras somos parte activa. En un acto realizado en mayo frente al Grupo 14 de Abril, inaugurado por don Niceto Alcalá Zamora en 1931, recordé que los maestros y maestras de la República son nuestros referentes en la educación del futuro. Aquellos docentes abanderaron una educación transformadora, moderna, de cambio, igualitaria, justa, democrática, que apostó por una ciudadanía libre, de igualdad y fraternidad”.


Igual que siento un enorme orgullo porque tres docentes de la República formen parte del callejero de Madrid: Justa Freire, María Sánchez y Ángel Freire; sería de justicia que la Comunidad de Madrid desatasque los bandos franquistas y vuelvan a lucir sus nombres originales los Grupos Escolares construidos durante la República.


Hay que rehabilitar nombres y explicar que en muy pocos años la República hizo realidad un nuevo modelo de Educación, del que hoy día debería tomarse nota, comenzando por la construcción de centros en vez de su desmantelamiento. La II República puso en marcha un plan quinquenal de construcciones nunca visto. Planificó 27.000 escuelas, de las que pudo construir 16.000, superando las previsiones en el primer bienio. Eran construcciones basadas en la fe en la ciencia y la razón; espacios abiertos, libres, iluminados…


Fueron centros dirigidos por gentes con vocación, gente entusiasta a las que su profesión docente se dignificó con una carrera universitaria de Magisterio, basada en metodología pedagógica. Los maestros, en 1931, tenían los salarios más bajos de la clase obrera, dando argumento al dicho “pasas más hambre que un maestro de escuela”. Una de las primeras medidas fue alentar cursos de reciclaje y subir los salarios, hasta las tres mil pesetas, a esas 52.000 personas en cuyas manos estaba el futuro del país.


No fue una utopía. Hubo hechos que pusieron a nuestro país en la vanguardia de la Educación en un tiempo en que el 80 por ciento de la población vivía en el subdesarrollo económico y cultural. No podemos olvidar a quienes hicieron posible un sueño que no se desvaneció, sino que fue asesinado.

Sin más docentes la educación no sale de la crisis

Cuando el pasado 9 de enero rubriqué junto al resto de sindicatos de Enseñanza y la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, el Acuerdo Sectorialpara la enseñanza pública madrileña, confié en que nunca volverían las mentiras y las actitudes totalitarias. El principio de este 2018 parecía enterrar definitivamente esas formas impuestas por Esperanza Aguirre, quien en 2006 suspendió unilateralmente el último acuerdo del sector.

Pero los tics en las formas, los incumplimientos, las falsedades, el desprecio a la educación pública y al profesorado que en ella trabaja siguen vivas en el alma del Partido Popular. Un partido que cuando gobierna, sólo entiende el lenguaje de la movilización de trabajadores y trabajadoras, de padres y madres, cuando no, de los propios estudiantes que reclaman una educación pública digna, de calidad. Algo que es posible en la región más rica de Españapero que requiere de voluntad política.

En el pleno de la Asamblea del pasado jueves, el Grupo Parlamentario de Podemos interrogó al nuevo presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, sobre el incumplimiento del Acuerdo Sectorial. Tuve la oportunidad de escucharle en directo y no pude por menos que quedarme estupefacta ante las falsedades que lanzó en sede parlamentaria sobre cuestiones esenciales. El presidente ha dejado claro que en los temas de Educación ha tomado la decisión de ir a rebufo de su consejero reprobado, Rafael van Grieken.

Lógicamente, con la firma del Acuerdo Sectorial en enero, los relojes de la educación pública madrileña se ponían a cero y aquellas decisiones unilaterales, tomadas previamente por el Gobierno, dejaban de tener efecto sobre acuerdos firmados posteriormente. Tal es el caso del cupo de las plantillas de docentes.

En diciembre de 2017, el Gobierno del PP decidió incorporar en el inicio de curso ochocientos nuevos docentes a través de los presupuestos generales de la región. Hay que recordar que estos presupuestos fueron apoyados exclusivamente por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Posteriormente, en enero, se acordó con los sindicatos una ampliación de plantilla de 2.800 docentes hasta el curso 2019-2021.

Evidentemente este primer año de Acuerdo Sectorial tiene una relevancia extraordinaria y la necesidad mínima de docentes para el inicio de curso 2018-2019 es de mil doscientos. Hacen falta urgentemente maestros de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, profesionales para programas de Compensación Educativa, especialistas en Educación Educativa, así como aumento de profesorado para permitir desdobles y apoyos, y Profesores Técnicos de Servicios a la Comunidad (PTSC). Sólo en este último caso de los PTSC, trabajan en los institutos públicos a jornada completa el 15 por ciento; otro 15 por ciento a media y jornada y el resto, un 60 por ciento, no existen. En definitiva, es necesaria la presencia de profesionales para cubrir la atención a la diversidad

Es decir, hacen falta maestros y maestras suficientemente distribuidos en centros de infantil y primaria para recuperar la figura de los apoyos y los refuerzos en estas etapas como ha demostrado el informe recientemente presentado por CCOO. Y, como tercer gran pilar para salvar el curso que se inicia, es imprescindible que no quede en papel mojado el cupo de docentes de Secundaria, que desde los recortes de 2011 aumentaron sus horas lectivas, impidiendo que realicen funciones de apoyo al alumnado, de innovación, de mejora de la calidad educativa… el profesorado de Madrid ha de volver a las 18 horas lectivas como está ocurriendo en otras comunidades autónomas. Para que no haya dudas todas estas medidas deben ser recogidas en las Instrucciones de Inicio de curso.

Con todo, el presidente del Gobierno regional, en su intervención del pasado jueves faltó a la verdad a la afirmar que el Acuerdo Sectorial se está aplicando. Falsedad que adoptó tintes de desvergüenza en lo referido a la sustitución de bajas de profesores o profesoras, y es que no se sustituyen docentes en el mínimo legal establecido, que debe ser el día siguiente de notificada la baja cuando se atiende a un determinado tipo de alumnado, algo que en Madrid se obvia. Los hechos, la realidad a pie de aula es que las esperas llegan en muchos casos a las dos y tres semanas…

La desfachatez llegó al día siguiente cuando los interinos que han trabajado siete meses empezaron a recibir mensajes diciendo que Hacienda limitaba el cobro del verano mediante la incorporación de condiciones inexistentes en el texto firmado y publicado en el Boletín de la Comunidad de Madrid. Efectivamente, al parecer, el PP sólo entiende el lenguaje de la movilización, que es el que hemos venido utilizando en los últimos años y que también nos llevó hace dos semanas a encerrarnos para exigir y conseguir el cumplimiento del Acuerdo Sectorial en otras cuestiones fundamentalmente laborales: un calendario de negociaciones, Comités de Seguridad y Salud así como retribuciones como los atrasos de los sexenios y su abono en la nómina de junio.

Así pues, el presidente de la Comunidad de Madrid y su consejero de Educación deben tomar nota de que la comunidad escolar va a estar en la calle. Si no hay un acuerdo en la mesa de negociación sobre el número de profesores que se van a incorporar el 1 de septiembre a apoyos en Infantil y Primaria y atención a la diversidad; y sobre la bajada de horario lectivo de profesores de Secundaria, desde las Comisiones Obreras anunciamos un inicio de curso de confrontación, lucha y movilizaciones.

Además, el presidente de la Comunidad de Madrid y su consejero reprobado deberían estar atentos a los movimientos que ya están produciéndose desde el nuevo Ejecutivo de España. A pesar de la inicial tibieza del Gobierno de Pedro Sánchez en los asuntos de Educación, parece que algo se está moviendo, tal como hemos comprobado tras el último Consejo de Ministros que “ha estudiado un Informe sobre el impacto en el funcionamiento de los centros educativos del Real Decreto del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo”. Esto es, los recortes del PP.

El Gobierno central recuerda, o quizá advierte, que esos recortes pueden ser modificados “por ley ordinaria y en aras de la celeridad debería poder emplearse el procedimiento de lectura única” y que el Gobierno central tiene competencias para ello según sentencia del Constitucional en lo relativo a ratios, sustitución de bajas y horario lectivo del profesorado. Y la espina dorsal para eliminar esos recortes se contemplan en el incumplido Acuerdo Sectorial. No descarte el Gobierno de Madrid que el R.D. 14/2012, que también supone un corsé para la negociación colectiva, esté dando sus últimos coletazos y le pille sin los deberes hechos y empecinados en mantener los recortes y a la educación pública madrileña en la crisis.

La coartada de la “construcción por fases”

A finales de la pasada semana denuncié en nombre de CCOO y junto a Javier Torres, portavoz de la AMPA del Centro de Enseñanza de Infantil y Primaria (CEIP) Cervantes de Getafe, la terrible situación que padece este colegio. La denuncia la presentamos en la Consejería de Educación al consejero reprobado, Rafael van Grieken, a la directora general de Infraestructuras y al director del Área Territorial porque es insostenible la situación de este centro educativo, víctima de la “construcción por fases” emprendida por el Gobierno regional.

La “construcción por fases” es una pata más de la “deconstrucción por fases” emprendida contra la educación púbica por el ultraliberalismo del Partido Popular. El CEIP Cervantes de Getafe se ha convertido en paradigma de esa persecución, pero también en ejemplo de rebeldía de padres, madres, trabajadores y trabajadoras.

Ahora bien, el Cervantes es sólo una gota de agua, la punta del iceberg de un problema que puede llegar a afectar a cerca de diez mil niños y niñas, quinientos sólo en el municipio de Getafe.

La denominada “construcción por fases” está suponiendo el incumplimiento de los requisitos mínimos que establece el Real Decreto 132/2010 de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que imparten las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria.

Es decir, esta norma intenta evitar que los centros estén “mangas por hombro” para que el alumnado y toda la plantilla del centro puedan enseñar, aprender y convivir en condiciones dignas y de seguridad. Porque los espacios son un elemento clave para que sea posible el desarrollo de proyectos educativos que respondan a las necesidades de los niños y niñas, no es de recibo que los colegios estén empantanados año tras año como si se tratará de la construcción de El Escorial.

Centros como el Cervantes de Getafe padecen obras desde hace tres años, alentando indirectamente que las familias, cansadas de desorganización, inseguridad y desorden, terminen derivando a la enseñanza concertada a sus hijos e hijas. Hay otros centros que llevan más de 7 cursos en obras.

La denuncia que hemos presentado, tan amplia como exhaustiva, define multitud de incumplimientos y es un primer paso para futuras actuaciones jurídicas. No puede ser que pasillos principales que dan paso a zonas de evacuación estén obstaculizados por mobiliario escolar; ni que se esté utilizando la toma de luz del centro con un cable que invade la puerta de salida de emergencia y recorre zonas de transito de alumnado, profesorado, familias…

Madrid es la región más rica de España y la recesión finalizó, aunque las familias y la educación siguen padeciendo los efectos de la crisis. En este escenario es inaceptable que los centros públicos educativos se encuentren en unas condiciones tan precarias para tantas personas que allí conviven la mayor parte de su tiempo.

Y es que la “construcción por fases” está impidiendo que haya zonas para el profesorado; que haya gimnasios, salas de uso múltiple, salas de atención a la diversidad o para reuniones con familiares… No puede ser que estén impartiéndose clases en los pasillos.

En este contexto, el alumnado ve vulnerado su derecho a una educación pública, mientras sufre serios perjuicios. La “construcción por fases” vulnera el derecho a la educación de miles de niños y niñas en Madrid provocando una situación inaceptable, sirviendo así de coartada perfecta para vulnerar la decisión de las familias de optar por la enseñanza pública y sumar una iniciativa más que fomente la derivación de alumnado a los centros concertados en los tiempos del “pelotazo educativo” y las tramas construidos en zonas de crecimiento urbanístico que sin este tipo de actuaciones, la normativa de escolarización o las desgravaciones fiscales no se llenarían por tratarse de opciones ideológicas, en muchos caso muy radicales, que la mayoría de la población madrileña no prefiere.

La pasada semana abrimos la vía jurídica para oponernos a la “construcción por fases” de los centros educativos. Un día antes finalizábamos un encierro, cerca de la Asamblea de Madrid, para reivindicar el complimiento del Acuerdo Sectorial, que no es otra cosa que defender un modelo de educación pública digno para alumnado, trabajadores y trabajadoras.

Gracias a la presión hemos logrado el compromiso del Gobierno regional para que se lleve a efecto de forma inmediata una parte de las medidas del Acuerdo Sectorial, también conseguimos un calendario de negociación sobre el inicio de curso. Como en la construcción por fases, no hay acuerdo en el número de nuevos docentes que han de incorporarse en el inicio de curso en los centros públicos. La denuncia, la presión y la movilización van a seguir para que se corrija esta deriva, se prime el interés general y este caótico fin de curso no se prolongue en un caótico inicio de curso.

Encierro para evitar un inicio de curso caótico

Estamos viviendo un fin de curso caótico en Madrid, alimentado por el incumplimiento del Acuerdo Sectorial y la inacción del Consejero de Educación ante los enormes problemas que se viven en la educación, han sido el detonante para que delegadas y delegados de CCOO iniciásemos un encierro a finales de la pasada semana en la Escuela sobre la Marginación de Vallecas.

Este acuerdo que firmamos, el pasado mes de enero, con la entonces Presidenta Cristina Cifuentes, a día de hoy está siendo conducido de forma temeraria e irresponsable a un radical incumplimiento por el reprobado Rafael van Grieken.

El contenido de lo firmado va mucho más allá de mejorar las condiciones laborales o salariales del personal docente. Su cumplimiento supondría una “potenciación del servicio público educativo” y “una mejora en la calidad educativa”, tal como reza el preámbulo del Acuerdo.

En este escenario es en el que exigimos al Gobierno regional la incorporación del profesorado que recoge el Acuerdo, 2800 en total. De los cuales 1200 deben incorporarse el 1 de septiembre del próximo curso a los centros educativos. Este incremento de plantilla debe ser para apoyo en infantil y primaria, perfiles de atención a la diversidad así como para que sea posible que el profesorado de secundaria tenga 18 horas lectivas y pueda dedicar el resto de su tiempo laboral a otras actuaciones educativas imprescindible para la buena atención al alumnado.

La Consejería de Educación, incapaz de cumplir el acuerdo y dialogar con los firmantes, tampoco atiende a las demandas de madres y padres cuando propicia el cierre de aulas necesarias en colegios e institutos (más de treinta centros están en esta situación); o aniquila ciclos de Formación Profesional con demanda del mercado laboral, como es el reciente caso del ciclo “Impresión Gráfica”, en el Instituto de la Paloma. Se trata de actuaciones opacas, sin control social, que realiza la Consejería para seguir recortando y potenciar a los centros concertados. Bajo el lema de libertad de elección, durante la escolarización, se practica un intervencionismo educativo que vulnera el derecho de las familias que eligen escuela pública, la mayoría en nuestra región.

Este ataque sostenido a la educación pública tiene como máximo valedor al consejero de Educación, que también hace oídos sordos a la reclamación urgente de CCOO para sacar adelante un Plan de Construcciones que acabe de una vez por todas con las obras por fases en los centros educativos. Son casi veinte los centros de la Comunidad de Madrid que están sin construir en la capital, en Alcalá de Henares, Paracuellos, Loeches, Colmenar Viejo, Alcobendas, Las Rozas, o Getafe, entre otras localidades. Un listado aún mayor es el de centros con obras inacabadas o pendientes de ejecución que dejan a más de 1000 niños y niñas sin una educación digna.

La falta de interés del Gobierno regional por este plan de construcciones se evidencia en la ausencia de inversiones al sector de la educación. La inversión en Educación tiene el incremento más bajo (3,1 por ciento) que el de la media del conjunto del presupuesto de la Comunidad de Madrid (4,28 por ciento). La educación no es una prioridad.

El desprecio e irresponsabilidad de la Consejería en asuntos como la construcción y el mantenimiento de los centros lo hemos vivido también estos días con su actitud ante la presencia de amianto o en la respuesta del PP a la necesidad de climatización, alegando que no es necesario tomar medidas porque calor hace “una vez cada veinte años”. Es en este contexto en el que desde las Comisiones Obrera reclamamos un Plan Renove de edificios.

A los temas a los que me vengo refiriendo hay que añadir el calendario escolar y el desastre del sistema informático Raíces. Desde CCOO nos opusimos radicalmente a la Orden que regula el calendario escolar, incluso por la vía contencioso-administrativa. A día de hoy, nuestra impugnación sigue pendiente de resolución judicial ante el Tribunal Supremo de Justicia.

Nuestra oposición está basada en la lógica, el sentido común. Y los hechos nos han dado la razón. Y es que, el adelanto de la evaluación extraordinaria al mes de junio -en el que no se han tenido en cuenta fecha de selectividad ni de oposiciones- ni el tiempo que se requiere para planificar y programar las actividades específicas de junio o los cambios de horario del profesorado que podían ser necesario han ocasionado una palmaria inseguridad jurídica a equipos directivos y docentes así como al alumnado. También, la desaparición de la evaluación continua ha llevado a los centros a una situación kafkiana, en la que se tienen que realizar las evaluaciones ordinarias y extraordinarias en menos de dos semanas. Además, la Consejería de Educación, a golpe de consignazo de última hora, da a entender a los centros que tienen autonomía en un marco normativo inexistente, trasladándoles toda la responsabilidad jurídica sobre cualquier irregularidad.

¿Y qué decir del sistema informático Raíces para la “gestión educativa”? Sencillamente que ha sido un capricho político más que se ha demostrado ineficiente e inútil, ya que no ha hecho otra cosa que generar confusión y ansiedad en la comunidad educativa, que se ha visto obligada a publicar los boletines de notas a través del sistema antiguo o a presentar denuncias por la vía administrativa por no tener plaza para su hijo o hija.

Por todo ello, estamos movilizados. Por todo ello nos hemos encerrado. Por la permanente agresión a la educación pública, Porque la economía sale de la crisis pero la educación no.

A pesar de estar reprobado, quizá por ello más, el consejero tiene que cumplir los acuerdos firmados y retomar el dialogo, iniciar un proceso de negociación para que las medidas recogidas en el Acuerdo Sectorial, que tanto necesita la educación pública madrileña, se puedan disfrutar en los centros desde el primer día del próximo curso.

El caos de este final de curso es su única responsabilidad, poner remedio a los problemas que tiene la educación y evitar un nuevo inicio de curso caótico y conflictivo está en sus manos Sr. Van Grieken.

Contra el amianto: formación e información

La irresponsabilidad del consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael van Grieken, respecto al asunto de la existencia de amianto en los centros de enseñanza afecta a toda la comunidad educativa que vive, tanto tiempo o más que en sus casas, en esos centros. Lugares en los que se imparte todo tipo de enseñanzas (pública, privada o concertadas), en todas las etapas educativas, y más allá de enseñanzas regladas (escuelas de música, de arte…)

El consejero de Educación está muy nervioso por su nefasta gestión en el asunto del máster de Cristina Cifuentes, que ha desembocado en su reprobación por parte de todos los grupos políticos de la Asamblea de Madrid, excepto el PP, en este caótico final de curso. Esos nervios le hacen caer no sólo en la irresponsabilidad, sino también en el desprecio a la comunidad científica que lleva años investigando sobre las consecuencias del amianto.

Un desprecio que se convierte en menosprecio a la salud y bienestar, no solo de docentes, familiares y alumnado, sino también hacia aquellos trabajadores de mantenimiento (electricistas, fontaneros, técnicos de calderas, albañiles…) que tienen que acometer trabajos y desconocen si van a estar inhalando amianto. Personas que hoy, con 20 años, pueden desarrollar un cáncer de pleura cuando alcancen más de 60, o un cáncer de pulmón con más de 50, sin que los servicios sanitarios que le atiendan conozcan las causas de ese cáncer, por lo que ni siquiera podrán calificar la enfermedad como “profesional”.

Pero no sólo es el ámbito laboral, es también el doméstico. Las trazas de amianto que se desprenden sobre la ropa de esos trabajadores acaban en sus casas; las trazas de amianto que caen de esa cubierta, de ese tabique, incluso de esa vieja pizarra, pueden acabar en los pulmones de quienes convivan con esa obra de mantenimiento que, en los colegios, son mayoritariamente menores de edad.

La ciencia ya ha demostrado que el amianto, o asbesto, ha matado, mata y seguirá matando porque tiene una vida latente de hasta cincuenta años. Mientras, el Gobierno de la Comunidad de Madrid hace dejación de funciones porque las medidas que toma son mínimas y generan alarma social.

A poco que repasemos la historia de España y de la región de Madrid, nos topamos con que la utilización del amianto estaba a la orden del día en la construcción, tanto de edificaciones públicas, como privadas. Sabemos que entre 1960 y mediados de los años ochenta fue el periodo álgido de utilización de este material tan barato como ignífugo o aislante y que años después demostró ser cancerígeno.

También sabemos que entre 1950 y 1970, la población de la región (entonces provincia perteneciente a Castilla La Nueva) creció en casi dos millones de personas. Según los datos oficiales, de 1.926.311 habitantes, se pasó a 3.792.561. Eran personas que huían del hambre, cuando no de persecución política rural, y se asentaron en lugares con una naciente industria. Según narra Pedro Montuliú, cronista oficial de la Villa, en su Madrid. De la dictadura a la democracia, sólo en la capital, en el curso 1974-75, el Ayuntamiento franquista reconocía que faltaban 170.930 plazas escolares para niños y niñas de entre tres y trece años; sin contar los 115.767 de cero a tres años. Era un tiempo, además, en que la especulación urbanística cerraba colegios privados del centro para vender terrenos sin ningún escrúpulo urbanístico ni educativo.

Con la muerte de Franco, los Pactos de la Moncloa suponen un empujón histórico a la escolarización. En 1978, con acuerdo de todos los partidos políticos y sindicatos se destinan 40.000 millones de pesetas, en un tiempo en que la inflación era del 20 por ciento, a crear 57.560 puestos escolares, con la puesta en marcha del Plan Extraordinario de Construcciones, que en 1979 aumenta en 21.000 millones de pesetas gracias al Fondo de Acción Coyuntural.

Si cruzamos los datos: multitud de construcción de centros educativos y años de crisis económica, no es difícil concluir que el amianto fuera utilizado en un tiempo en que era la estrella del sector. Así, potencialmente, cualquier edificación pública realizada durante aquella emergencia política y social, es susceptible de contar con amianto. Fue en diciembre de 2001 cuando el amianto fue prohibido en España, aunque se permitió instalar hasta diciembre de 2002. Según datos oficiales se presupone que quedan instaladas en España 2,6 toneladas de este agente cancerígeno.

Con estos datos, la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid ha puesto en marcha algo que no está haciendo el Gobierno. Es decir, una campaña para detectar la presencia de amianto con la colaboración de toda la comunidad educativa, porque no existe un registro ni nacional, ni regional de edificios con amianto, y por tanto, de personas que puedan haber tenido contacto con él. Nada más lejos que generar alarma social, sino de trabajar por la sociedad.

Por contra, la respuesta del consejero Rafael van Grieken, ha sido acusar al sindicato de alarmar, algo que ha hecho su Consejería dando los nombres de dieciséis centros educativos públicos en los que se ha detectado amianto. Lo que hay que hacer es un plan serio y riguroso, basado en la transparencia, que incluya un registro de centros afectados.

No se puede empezar la casa por el tejado. Hay que incluir en los planes de prevención, que dependen de la administración, la detección de puntos con amianto, para señalizarlos con absoluta claridad y posteriormente acometer su desistalación, profesional y coordinada. De nada sirve desinstalar por personas especialistas con todas las medidas de seguridad, si al lado hay jardineros en pantalón corto, conserjes sin conocimiento o menores jugando al fútbol.

Hay que abordar una realidad que está ahí, con tranquilidad, que es sinónimo de formación e información y antónimo de nervios y oscurantismo. No se trata de transmitir miedo, sino de adoptar las políticas necesarias para generar seguridad y tranquilidad, y de eso, el señor van Grieken demuestra tener muy pocos conocimientos.

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