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1968, “obreros y estudiantes, unidos adelante”

En abril de1968 la canción del momento en el movimiento estudiantil italiano aunaba sueños revolucionarios de unidad. Su título era “La violencia”, también conocida como “La caza de brujas”:

“Hoy he visto en la marcha
tantas caras sonrientes,
la compañera, quince años,
los obreros con los estudiantes.

¡El poder para los obreros!
¡No a la escuela del patrón!
¡Siempre unidos venceremos!
¡Viva la Revolución!”

(…)

Nadie puede negar que después del agitado año1968, las cosas nunca volverían a ser igual. Gracias a aquella convulsión hoy día están en la agenda del debate asuntos como la educación igualitaria, el ecologismo, el feminismo, la libertad sexual, el pacifismo, el antiimperialismo… En 1968 no hubo una revolución al uso en un país determinado, sino multitud de revueltas en múltiples y variopintos lugares, con un denominador común: la vanguardia estuvo formada por estudiantes.

Tal como explica Joaquin Estefanía, autor de “Revoluciones. Cincuenta años de rebeldía”, cambió el sujeto redentor de la contestación y así, el movimiento obrero que había tenido el monopolio de las luchas por el progreso desde el año 1848, tuvo que compartirlo a partir de entonces con los movimientos estudiantiles.

Los estudiantes se echan a las calles en París, Praga, Berlín, Roma; pero también en Estados Unidos, Méjico, Japón…, incluso de una forma particular en Madrid, en el año del legendario concierto de Raimon, el 17 de mayo, en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense.

Aunque no fueron revueltas extremadamente violentas, la violencia gubernamental del PRI tomó cariz de genocidio en Méjico, con la “Matanza de Tlatelolco” la noche del 2 de octubre, con cifras desconocidas de víctimas, aunque se barajan entre 325 y 500 asesinados, miles de heridos y 2.000 detenidos. Todo ello diez días antes de las Olimpiadas de Méjico, unos juegos en los que la reivindicación de los deportistas negros fue también icono de aquel año.

Pero meses antes fue París el lugar en que estalló la chispa. El 8 de enero, Françoise Missofe, ministro de Juventud y Deportes del Gobierno francés de Pompidou se dirigió a la Universidad de Nanterre a inaugurar una piscina, un centro del extrarradio parisino. El ministro fue abucheado por ser responsable de un estudio sobre la juventud estudiantil francesa. Un joven alzó la voz y reprochó al ministro que ese documento no hablara de las relaciones sexuales entre estudiantes. El joven era Daniel Cohn-Bendit, “Dany el Rojo”. El mayo del 68 francés estaba en marcha.

Tres meses después, surge el “Movimiento 22 de marzo”, día muy relevante para el movimiento estudiantil, ya que seis estudiantes fueron detenidos en una jornada de protesta contra la Guerra de Vietnam. El Movimiento desembocaría en la manifestaciones de principios de mayo. En ese momento tendrá gran importancia la adhesión de los sindicatos de profesores, que sirvieron de cabeza de puente para la unidad con los grandes sindicatos industriales con la CGT a la cabeza. La convocatoria de la mayor huelga general francesa y de la Europa occidental contemporánea para el 13 de mayo estaba servida frente a la represión.

Ramón González Férriz en “1968. El nacimiento de un nuevo mundo” hace hincapié en esa buscada unidad, no exenta de problemas, entre estudiantes, profesorado y obreros y la distancia que el lenguaje creaba entre estos colectivos.

En su ensayo cita dos obras fundamentales que influyeron en el mayo francés: “Tratado del saber vivir para el uso de las jóvenes generaciones” de Raoul Vaneigem y “La sociedad del espectáculo”, de Guy Debord. Dos obras tremendamente complejas, casi crípticas y repletas de referencias literarias y filosóficas que apelaban, igual que los discursos callejeros, a la clase trabajadora y a la unión de los obreros con los estudiantes mediante la eliminación de las clases sociales.

El propio Cohn-Bendit reconoció la distancia que imprimía el lenguaje, culpabilizando no a ese lenguaje, sino al propio capitalismo porque “la desigualdad cultural no es un accidente, sino parte integral de la estructura opresiva” de la sociedad capitalista. Por ello, los estudiantes desdeñaban las universidades y las escuelas, calificándolas de “escuelas de privilegios”.

Sin duda, con las revoluciones de 1968 se evidenció que para avanzar, para progresar, es necesaria la unidad, algo que también se vivió en España, bajo el yugo del franquismo. No podemos olvidar que en junio de 1967, tras espontáneos surgimientos de Comisiones Obreras por todo el país, se convocó, clandestinamente, la primera Asamblea Nacional de CCOO en Aravaca.

En aquel 1968 era clausurado el SUT (Servicio Universitario del Trabajo) invento del padre Llanos que puso peligrosamente en contacto al movimiento estudiantil con la clase obrera. Por allí pasarían Cristina Almeida, Nicolás Sartorius, Manuel Vázquez Montalbán y tantas personas enfrentadas al franquismo.

1968 fue el año en que los obreros de Hunosa o Fasa- Renault se echan a la huelga y son duramente reprimidos por la policía. El año en que tantos emigrantes españoles también se manifiestan por toda Europa. Una generación que hoy vuelve a salir a las calles para asentar libertades y pelear por el Estado del bienestar.

El espíritu de 1968 sigue vivo en el multitudinario 8 de marzo, en la defensa de la enseñanza pública, igualitaria, de calidad; en la defensa de los derechos humanos de inmigrantes y refugiados. En el 68 se arrancaron muchos imposibles hoy podemos defenderlos y ampliarlos.

El 18 de julio y los colegios de la República

“La enseñanza primaria será gratuita y obligatoria (…) La enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspirará en ideales de solidaridad humana…”.Artículo 48 de la Constitución de la II República Española.Si hubo un ámbito en el que la II República Española no fue una utopía, o un sueño romántico, fue en el de la Educación. Por eso existió aquel sangriento 18 de julio de 1936. Aquel día de estío, de vacaciones escolares –en un interminable verano como nos recordaba Fernán Gómez en Las bicicletas son para el verano-, el sablazo franquista inició una barbarie que se extendería durante tres años con una persecución sistematizada durante casi cuatro décadas más.


Los avances eran demasiado importantes, el progreso se instaló en la agenda de la República y el fascismo reaccionó con sus cómplices de siempre. Un baño de sangre. Tres años de dura defensa de la legítima democracia no fueron suficientes y España se convirtió en una cárcel con olor a miedo, a rancia sotana, a persecución y mujeres en casa con la pata quebrada.

Como se narra en el documental La República de los maestros, la depuración no se hizo esperar, primero contra los jueces y fiscales que aplicaron las leyes y después contra los maestros y las maestras. Tres de cada diez fueron castigados de una forma u otra con traslados, jubilaciones anticipadas, inhabilitados para la enseñanza por unas comisiones integradas por Falange, la Iglesia y vecinos de buenas costumbres que sancionaban incluso “haber realizado auto stop”.


Es incuantificable el número de maestros que pueblan las cunetas de España. La opacidad, la losa franquista impide conocer el número de enseñantes asesinados por “inocular el virus republicano”, tal como proclamaba el franquismo. De esa depuración también fueron víctimas los centros escolares construidos durante la República, cuyos nombres arrebató la propaganda franquista de la memoria y de la historia. Nombres que hoy peleamos para que se restituyan. Nombres que fueron barridos por el fascismo, con decretos fascistas, que no han sido derogados.


Así, una Orden Ministerial plasmada en el BOE de 22 de octubre de 1938 ordena que: “Por todos los Ayuntamientos de la España liberada se procederá la revisión de los nombres que tenían las Escuelas y Grupos escolares con anterioridad al 18 de julio de 1936, con el fin de que su denominación responda plenamente a los ideales de nuestro Movimiento Nacional”.


Pocos días después de que los golpistas hubieran “alcanzado sus últimos objetivos militares”, entraba en vigor la Orden de 20 de abril de 1939 que cambiaba los nombres de dieciséis Grupos Escolares. La orden está argumentada de esta manera: “El régimen republicano, definitivamente abolido en España, sirviendo orientación de las logias, y persiguiendo grabar en la mente de los niños al exaltar las figuras representativas del marxismo internacional de la revolución marxista y literatos de la derrotista generación del año 98, aquellos falsos valores que habían de influir en su formación intelectual y moral, utilizó los Grupos Escolares de Madrid para la consecución de sus fines morbosos, antipatrióticos y descristianizadores”.


Por ejemplo, el Grupo “14 de Abril”, pasó a denominarse “José Calvo Sotelo”; “Pablo Iglesias”, se rebautizó como “José Antonio Primo de Rivera” o “Nicolás Salmerón” se convirtió en “General Mola”… Frente a esta barbaridad histórica surgió recientemente la Plataforma por la Restitución de los nombres de los colegios de la Segunda República, de la que las Comisiones Obreras somos parte activa. En un acto realizado en mayo frente al Grupo 14 de Abril, inaugurado por don Niceto Alcalá Zamora en 1931, recordé que los maestros y maestras de la República son nuestros referentes en la educación del futuro. Aquellos docentes abanderaron una educación transformadora, moderna, de cambio, igualitaria, justa, democrática, que apostó por una ciudadanía libre, de igualdad y fraternidad”.


Igual que siento un enorme orgullo porque tres docentes de la República formen parte del callejero de Madrid: Justa Freire, María Sánchez y Ángel Freire; sería de justicia que la Comunidad de Madrid desatasque los bandos franquistas y vuelvan a lucir sus nombres originales los Grupos Escolares construidos durante la República.


Hay que rehabilitar nombres y explicar que en muy pocos años la República hizo realidad un nuevo modelo de Educación, del que hoy día debería tomarse nota, comenzando por la construcción de centros en vez de su desmantelamiento. La II República puso en marcha un plan quinquenal de construcciones nunca visto. Planificó 27.000 escuelas, de las que pudo construir 16.000, superando las previsiones en el primer bienio. Eran construcciones basadas en la fe en la ciencia y la razón; espacios abiertos, libres, iluminados…


Fueron centros dirigidos por gentes con vocación, gente entusiasta a las que su profesión docente se dignificó con una carrera universitaria de Magisterio, basada en metodología pedagógica. Los maestros, en 1931, tenían los salarios más bajos de la clase obrera, dando argumento al dicho “pasas más hambre que un maestro de escuela”. Una de las primeras medidas fue alentar cursos de reciclaje y subir los salarios, hasta las tres mil pesetas, a esas 52.000 personas en cuyas manos estaba el futuro del país.


No fue una utopía. Hubo hechos que pusieron a nuestro país en la vanguardia de la Educación en un tiempo en que el 80 por ciento de la población vivía en el subdesarrollo económico y cultural. No podemos olvidar a quienes hicieron posible un sueño que no se desvaneció, sino que fue asesinado.

Sin más docentes la educación no sale de la crisis

Cuando el pasado 9 de enero rubriqué junto al resto de sindicatos de Enseñanza y la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, el Acuerdo Sectorialpara la enseñanza pública madrileña, confié en que nunca volverían las mentiras y las actitudes totalitarias. El principio de este 2018 parecía enterrar definitivamente esas formas impuestas por Esperanza Aguirre, quien en 2006 suspendió unilateralmente el último acuerdo del sector.

Pero los tics en las formas, los incumplimientos, las falsedades, el desprecio a la educación pública y al profesorado que en ella trabaja siguen vivas en el alma del Partido Popular. Un partido que cuando gobierna, sólo entiende el lenguaje de la movilización de trabajadores y trabajadoras, de padres y madres, cuando no, de los propios estudiantes que reclaman una educación pública digna, de calidad. Algo que es posible en la región más rica de Españapero que requiere de voluntad política.

En el pleno de la Asamblea del pasado jueves, el Grupo Parlamentario de Podemos interrogó al nuevo presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, sobre el incumplimiento del Acuerdo Sectorial. Tuve la oportunidad de escucharle en directo y no pude por menos que quedarme estupefacta ante las falsedades que lanzó en sede parlamentaria sobre cuestiones esenciales. El presidente ha dejado claro que en los temas de Educación ha tomado la decisión de ir a rebufo de su consejero reprobado, Rafael van Grieken.

Lógicamente, con la firma del Acuerdo Sectorial en enero, los relojes de la educación pública madrileña se ponían a cero y aquellas decisiones unilaterales, tomadas previamente por el Gobierno, dejaban de tener efecto sobre acuerdos firmados posteriormente. Tal es el caso del cupo de las plantillas de docentes.

En diciembre de 2017, el Gobierno del PP decidió incorporar en el inicio de curso ochocientos nuevos docentes a través de los presupuestos generales de la región. Hay que recordar que estos presupuestos fueron apoyados exclusivamente por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Posteriormente, en enero, se acordó con los sindicatos una ampliación de plantilla de 2.800 docentes hasta el curso 2019-2021.

Evidentemente este primer año de Acuerdo Sectorial tiene una relevancia extraordinaria y la necesidad mínima de docentes para el inicio de curso 2018-2019 es de mil doscientos. Hacen falta urgentemente maestros de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, profesionales para programas de Compensación Educativa, especialistas en Educación Educativa, así como aumento de profesorado para permitir desdobles y apoyos, y Profesores Técnicos de Servicios a la Comunidad (PTSC). Sólo en este último caso de los PTSC, trabajan en los institutos públicos a jornada completa el 15 por ciento; otro 15 por ciento a media y jornada y el resto, un 60 por ciento, no existen. En definitiva, es necesaria la presencia de profesionales para cubrir la atención a la diversidad

Es decir, hacen falta maestros y maestras suficientemente distribuidos en centros de infantil y primaria para recuperar la figura de los apoyos y los refuerzos en estas etapas como ha demostrado el informe recientemente presentado por CCOO. Y, como tercer gran pilar para salvar el curso que se inicia, es imprescindible que no quede en papel mojado el cupo de docentes de Secundaria, que desde los recortes de 2011 aumentaron sus horas lectivas, impidiendo que realicen funciones de apoyo al alumnado, de innovación, de mejora de la calidad educativa… el profesorado de Madrid ha de volver a las 18 horas lectivas como está ocurriendo en otras comunidades autónomas. Para que no haya dudas todas estas medidas deben ser recogidas en las Instrucciones de Inicio de curso.

Con todo, el presidente del Gobierno regional, en su intervención del pasado jueves faltó a la verdad a la afirmar que el Acuerdo Sectorial se está aplicando. Falsedad que adoptó tintes de desvergüenza en lo referido a la sustitución de bajas de profesores o profesoras, y es que no se sustituyen docentes en el mínimo legal establecido, que debe ser el día siguiente de notificada la baja cuando se atiende a un determinado tipo de alumnado, algo que en Madrid se obvia. Los hechos, la realidad a pie de aula es que las esperas llegan en muchos casos a las dos y tres semanas…

La desfachatez llegó al día siguiente cuando los interinos que han trabajado siete meses empezaron a recibir mensajes diciendo que Hacienda limitaba el cobro del verano mediante la incorporación de condiciones inexistentes en el texto firmado y publicado en el Boletín de la Comunidad de Madrid. Efectivamente, al parecer, el PP sólo entiende el lenguaje de la movilización, que es el que hemos venido utilizando en los últimos años y que también nos llevó hace dos semanas a encerrarnos para exigir y conseguir el cumplimiento del Acuerdo Sectorial en otras cuestiones fundamentalmente laborales: un calendario de negociaciones, Comités de Seguridad y Salud así como retribuciones como los atrasos de los sexenios y su abono en la nómina de junio.

Así pues, el presidente de la Comunidad de Madrid y su consejero de Educación deben tomar nota de que la comunidad escolar va a estar en la calle. Si no hay un acuerdo en la mesa de negociación sobre el número de profesores que se van a incorporar el 1 de septiembre a apoyos en Infantil y Primaria y atención a la diversidad; y sobre la bajada de horario lectivo de profesores de Secundaria, desde las Comisiones Obreras anunciamos un inicio de curso de confrontación, lucha y movilizaciones.

Además, el presidente de la Comunidad de Madrid y su consejero reprobado deberían estar atentos a los movimientos que ya están produciéndose desde el nuevo Ejecutivo de España. A pesar de la inicial tibieza del Gobierno de Pedro Sánchez en los asuntos de Educación, parece que algo se está moviendo, tal como hemos comprobado tras el último Consejo de Ministros que “ha estudiado un Informe sobre el impacto en el funcionamiento de los centros educativos del Real Decreto del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo”. Esto es, los recortes del PP.

El Gobierno central recuerda, o quizá advierte, que esos recortes pueden ser modificados “por ley ordinaria y en aras de la celeridad debería poder emplearse el procedimiento de lectura única” y que el Gobierno central tiene competencias para ello según sentencia del Constitucional en lo relativo a ratios, sustitución de bajas y horario lectivo del profesorado. Y la espina dorsal para eliminar esos recortes se contemplan en el incumplido Acuerdo Sectorial. No descarte el Gobierno de Madrid que el R.D. 14/2012, que también supone un corsé para la negociación colectiva, esté dando sus últimos coletazos y le pille sin los deberes hechos y empecinados en mantener los recortes y a la educación pública madrileña en la crisis.

La coartada de la “construcción por fases”

A finales de la pasada semana denuncié en nombre de CCOO y junto a Javier Torres, portavoz de la AMPA del Centro de Enseñanza de Infantil y Primaria (CEIP) Cervantes de Getafe, la terrible situación que padece este colegio. La denuncia la presentamos en la Consejería de Educación al consejero reprobado, Rafael van Grieken, a la directora general de Infraestructuras y al director del Área Territorial porque es insostenible la situación de este centro educativo, víctima de la “construcción por fases” emprendida por el Gobierno regional.

La “construcción por fases” es una pata más de la “deconstrucción por fases” emprendida contra la educación púbica por el ultraliberalismo del Partido Popular. El CEIP Cervantes de Getafe se ha convertido en paradigma de esa persecución, pero también en ejemplo de rebeldía de padres, madres, trabajadores y trabajadoras.

Ahora bien, el Cervantes es sólo una gota de agua, la punta del iceberg de un problema que puede llegar a afectar a cerca de diez mil niños y niñas, quinientos sólo en el municipio de Getafe.

La denominada “construcción por fases” está suponiendo el incumplimiento de los requisitos mínimos que establece el Real Decreto 132/2010 de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que imparten las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria.

Es decir, esta norma intenta evitar que los centros estén “mangas por hombro” para que el alumnado y toda la plantilla del centro puedan enseñar, aprender y convivir en condiciones dignas y de seguridad. Porque los espacios son un elemento clave para que sea posible el desarrollo de proyectos educativos que respondan a las necesidades de los niños y niñas, no es de recibo que los colegios estén empantanados año tras año como si se tratará de la construcción de El Escorial.

Centros como el Cervantes de Getafe padecen obras desde hace tres años, alentando indirectamente que las familias, cansadas de desorganización, inseguridad y desorden, terminen derivando a la enseñanza concertada a sus hijos e hijas. Hay otros centros que llevan más de 7 cursos en obras.

La denuncia que hemos presentado, tan amplia como exhaustiva, define multitud de incumplimientos y es un primer paso para futuras actuaciones jurídicas. No puede ser que pasillos principales que dan paso a zonas de evacuación estén obstaculizados por mobiliario escolar; ni que se esté utilizando la toma de luz del centro con un cable que invade la puerta de salida de emergencia y recorre zonas de transito de alumnado, profesorado, familias…

Madrid es la región más rica de España y la recesión finalizó, aunque las familias y la educación siguen padeciendo los efectos de la crisis. En este escenario es inaceptable que los centros públicos educativos se encuentren en unas condiciones tan precarias para tantas personas que allí conviven la mayor parte de su tiempo.

Y es que la “construcción por fases” está impidiendo que haya zonas para el profesorado; que haya gimnasios, salas de uso múltiple, salas de atención a la diversidad o para reuniones con familiares… No puede ser que estén impartiéndose clases en los pasillos.

En este contexto, el alumnado ve vulnerado su derecho a una educación pública, mientras sufre serios perjuicios. La “construcción por fases” vulnera el derecho a la educación de miles de niños y niñas en Madrid provocando una situación inaceptable, sirviendo así de coartada perfecta para vulnerar la decisión de las familias de optar por la enseñanza pública y sumar una iniciativa más que fomente la derivación de alumnado a los centros concertados en los tiempos del “pelotazo educativo” y las tramas construidos en zonas de crecimiento urbanístico que sin este tipo de actuaciones, la normativa de escolarización o las desgravaciones fiscales no se llenarían por tratarse de opciones ideológicas, en muchos caso muy radicales, que la mayoría de la población madrileña no prefiere.

La pasada semana abrimos la vía jurídica para oponernos a la “construcción por fases” de los centros educativos. Un día antes finalizábamos un encierro, cerca de la Asamblea de Madrid, para reivindicar el complimiento del Acuerdo Sectorial, que no es otra cosa que defender un modelo de educación pública digno para alumnado, trabajadores y trabajadoras.

Gracias a la presión hemos logrado el compromiso del Gobierno regional para que se lleve a efecto de forma inmediata una parte de las medidas del Acuerdo Sectorial, también conseguimos un calendario de negociación sobre el inicio de curso. Como en la construcción por fases, no hay acuerdo en el número de nuevos docentes que han de incorporarse en el inicio de curso en los centros públicos. La denuncia, la presión y la movilización van a seguir para que se corrija esta deriva, se prime el interés general y este caótico fin de curso no se prolongue en un caótico inicio de curso.

Encierro para evitar un inicio de curso caótico

Estamos viviendo un fin de curso caótico en Madrid, alimentado por el incumplimiento del Acuerdo Sectorial y la inacción del Consejero de Educación ante los enormes problemas que se viven en la educación, han sido el detonante para que delegadas y delegados de CCOO iniciásemos un encierro a finales de la pasada semana en la Escuela sobre la Marginación de Vallecas.

Este acuerdo que firmamos, el pasado mes de enero, con la entonces Presidenta Cristina Cifuentes, a día de hoy está siendo conducido de forma temeraria e irresponsable a un radical incumplimiento por el reprobado Rafael van Grieken.

El contenido de lo firmado va mucho más allá de mejorar las condiciones laborales o salariales del personal docente. Su cumplimiento supondría una “potenciación del servicio público educativo” y “una mejora en la calidad educativa”, tal como reza el preámbulo del Acuerdo.

En este escenario es en el que exigimos al Gobierno regional la incorporación del profesorado que recoge el Acuerdo, 2800 en total. De los cuales 1200 deben incorporarse el 1 de septiembre del próximo curso a los centros educativos. Este incremento de plantilla debe ser para apoyo en infantil y primaria, perfiles de atención a la diversidad así como para que sea posible que el profesorado de secundaria tenga 18 horas lectivas y pueda dedicar el resto de su tiempo laboral a otras actuaciones educativas imprescindible para la buena atención al alumnado.

La Consejería de Educación, incapaz de cumplir el acuerdo y dialogar con los firmantes, tampoco atiende a las demandas de madres y padres cuando propicia el cierre de aulas necesarias en colegios e institutos (más de treinta centros están en esta situación); o aniquila ciclos de Formación Profesional con demanda del mercado laboral, como es el reciente caso del ciclo “Impresión Gráfica”, en el Instituto de la Paloma. Se trata de actuaciones opacas, sin control social, que realiza la Consejería para seguir recortando y potenciar a los centros concertados. Bajo el lema de libertad de elección, durante la escolarización, se practica un intervencionismo educativo que vulnera el derecho de las familias que eligen escuela pública, la mayoría en nuestra región.

Este ataque sostenido a la educación pública tiene como máximo valedor al consejero de Educación, que también hace oídos sordos a la reclamación urgente de CCOO para sacar adelante un Plan de Construcciones que acabe de una vez por todas con las obras por fases en los centros educativos. Son casi veinte los centros de la Comunidad de Madrid que están sin construir en la capital, en Alcalá de Henares, Paracuellos, Loeches, Colmenar Viejo, Alcobendas, Las Rozas, o Getafe, entre otras localidades. Un listado aún mayor es el de centros con obras inacabadas o pendientes de ejecución que dejan a más de 1000 niños y niñas sin una educación digna.

La falta de interés del Gobierno regional por este plan de construcciones se evidencia en la ausencia de inversiones al sector de la educación. La inversión en Educación tiene el incremento más bajo (3,1 por ciento) que el de la media del conjunto del presupuesto de la Comunidad de Madrid (4,28 por ciento). La educación no es una prioridad.

El desprecio e irresponsabilidad de la Consejería en asuntos como la construcción y el mantenimiento de los centros lo hemos vivido también estos días con su actitud ante la presencia de amianto o en la respuesta del PP a la necesidad de climatización, alegando que no es necesario tomar medidas porque calor hace “una vez cada veinte años”. Es en este contexto en el que desde las Comisiones Obrera reclamamos un Plan Renove de edificios.

A los temas a los que me vengo refiriendo hay que añadir el calendario escolar y el desastre del sistema informático Raíces. Desde CCOO nos opusimos radicalmente a la Orden que regula el calendario escolar, incluso por la vía contencioso-administrativa. A día de hoy, nuestra impugnación sigue pendiente de resolución judicial ante el Tribunal Supremo de Justicia.

Nuestra oposición está basada en la lógica, el sentido común. Y los hechos nos han dado la razón. Y es que, el adelanto de la evaluación extraordinaria al mes de junio -en el que no se han tenido en cuenta fecha de selectividad ni de oposiciones- ni el tiempo que se requiere para planificar y programar las actividades específicas de junio o los cambios de horario del profesorado que podían ser necesario han ocasionado una palmaria inseguridad jurídica a equipos directivos y docentes así como al alumnado. También, la desaparición de la evaluación continua ha llevado a los centros a una situación kafkiana, en la que se tienen que realizar las evaluaciones ordinarias y extraordinarias en menos de dos semanas. Además, la Consejería de Educación, a golpe de consignazo de última hora, da a entender a los centros que tienen autonomía en un marco normativo inexistente, trasladándoles toda la responsabilidad jurídica sobre cualquier irregularidad.

¿Y qué decir del sistema informático Raíces para la “gestión educativa”? Sencillamente que ha sido un capricho político más que se ha demostrado ineficiente e inútil, ya que no ha hecho otra cosa que generar confusión y ansiedad en la comunidad educativa, que se ha visto obligada a publicar los boletines de notas a través del sistema antiguo o a presentar denuncias por la vía administrativa por no tener plaza para su hijo o hija.

Por todo ello, estamos movilizados. Por todo ello nos hemos encerrado. Por la permanente agresión a la educación pública, Porque la economía sale de la crisis pero la educación no.

A pesar de estar reprobado, quizá por ello más, el consejero tiene que cumplir los acuerdos firmados y retomar el dialogo, iniciar un proceso de negociación para que las medidas recogidas en el Acuerdo Sectorial, que tanto necesita la educación pública madrileña, se puedan disfrutar en los centros desde el primer día del próximo curso.

El caos de este final de curso es su única responsabilidad, poner remedio a los problemas que tiene la educación y evitar un nuevo inicio de curso caótico y conflictivo está en sus manos Sr. Van Grieken.

Contra el amianto: formación e información

La irresponsabilidad del consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael van Grieken, respecto al asunto de la existencia de amianto en los centros de enseñanza afecta a toda la comunidad educativa que vive, tanto tiempo o más que en sus casas, en esos centros. Lugares en los que se imparte todo tipo de enseñanzas (pública, privada o concertadas), en todas las etapas educativas, y más allá de enseñanzas regladas (escuelas de música, de arte…)

El consejero de Educación está muy nervioso por su nefasta gestión en el asunto del máster de Cristina Cifuentes, que ha desembocado en su reprobación por parte de todos los grupos políticos de la Asamblea de Madrid, excepto el PP, en este caótico final de curso. Esos nervios le hacen caer no sólo en la irresponsabilidad, sino también en el desprecio a la comunidad científica que lleva años investigando sobre las consecuencias del amianto.

Un desprecio que se convierte en menosprecio a la salud y bienestar, no solo de docentes, familiares y alumnado, sino también hacia aquellos trabajadores de mantenimiento (electricistas, fontaneros, técnicos de calderas, albañiles…) que tienen que acometer trabajos y desconocen si van a estar inhalando amianto. Personas que hoy, con 20 años, pueden desarrollar un cáncer de pleura cuando alcancen más de 60, o un cáncer de pulmón con más de 50, sin que los servicios sanitarios que le atiendan conozcan las causas de ese cáncer, por lo que ni siquiera podrán calificar la enfermedad como “profesional”.

Pero no sólo es el ámbito laboral, es también el doméstico. Las trazas de amianto que se desprenden sobre la ropa de esos trabajadores acaban en sus casas; las trazas de amianto que caen de esa cubierta, de ese tabique, incluso de esa vieja pizarra, pueden acabar en los pulmones de quienes convivan con esa obra de mantenimiento que, en los colegios, son mayoritariamente menores de edad.

La ciencia ya ha demostrado que el amianto, o asbesto, ha matado, mata y seguirá matando porque tiene una vida latente de hasta cincuenta años. Mientras, el Gobierno de la Comunidad de Madrid hace dejación de funciones porque las medidas que toma son mínimas y generan alarma social.

A poco que repasemos la historia de España y de la región de Madrid, nos topamos con que la utilización del amianto estaba a la orden del día en la construcción, tanto de edificaciones públicas, como privadas. Sabemos que entre 1960 y mediados de los años ochenta fue el periodo álgido de utilización de este material tan barato como ignífugo o aislante y que años después demostró ser cancerígeno.

También sabemos que entre 1950 y 1970, la población de la región (entonces provincia perteneciente a Castilla La Nueva) creció en casi dos millones de personas. Según los datos oficiales, de 1.926.311 habitantes, se pasó a 3.792.561. Eran personas que huían del hambre, cuando no de persecución política rural, y se asentaron en lugares con una naciente industria. Según narra Pedro Montuliú, cronista oficial de la Villa, en su Madrid. De la dictadura a la democracia, sólo en la capital, en el curso 1974-75, el Ayuntamiento franquista reconocía que faltaban 170.930 plazas escolares para niños y niñas de entre tres y trece años; sin contar los 115.767 de cero a tres años. Era un tiempo, además, en que la especulación urbanística cerraba colegios privados del centro para vender terrenos sin ningún escrúpulo urbanístico ni educativo.

Con la muerte de Franco, los Pactos de la Moncloa suponen un empujón histórico a la escolarización. En 1978, con acuerdo de todos los partidos políticos y sindicatos se destinan 40.000 millones de pesetas, en un tiempo en que la inflación era del 20 por ciento, a crear 57.560 puestos escolares, con la puesta en marcha del Plan Extraordinario de Construcciones, que en 1979 aumenta en 21.000 millones de pesetas gracias al Fondo de Acción Coyuntural.

Si cruzamos los datos: multitud de construcción de centros educativos y años de crisis económica, no es difícil concluir que el amianto fuera utilizado en un tiempo en que era la estrella del sector. Así, potencialmente, cualquier edificación pública realizada durante aquella emergencia política y social, es susceptible de contar con amianto. Fue en diciembre de 2001 cuando el amianto fue prohibido en España, aunque se permitió instalar hasta diciembre de 2002. Según datos oficiales se presupone que quedan instaladas en España 2,6 toneladas de este agente cancerígeno.

Con estos datos, la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid ha puesto en marcha algo que no está haciendo el Gobierno. Es decir, una campaña para detectar la presencia de amianto con la colaboración de toda la comunidad educativa, porque no existe un registro ni nacional, ni regional de edificios con amianto, y por tanto, de personas que puedan haber tenido contacto con él. Nada más lejos que generar alarma social, sino de trabajar por la sociedad.

Por contra, la respuesta del consejero Rafael van Grieken, ha sido acusar al sindicato de alarmar, algo que ha hecho su Consejería dando los nombres de dieciséis centros educativos públicos en los que se ha detectado amianto. Lo que hay que hacer es un plan serio y riguroso, basado en la transparencia, que incluya un registro de centros afectados.

No se puede empezar la casa por el tejado. Hay que incluir en los planes de prevención, que dependen de la administración, la detección de puntos con amianto, para señalizarlos con absoluta claridad y posteriormente acometer su desistalación, profesional y coordinada. De nada sirve desinstalar por personas especialistas con todas las medidas de seguridad, si al lado hay jardineros en pantalón corto, conserjes sin conocimiento o menores jugando al fútbol.

Hay que abordar una realidad que está ahí, con tranquilidad, que es sinónimo de formación e información y antónimo de nervios y oscurantismo. No se trata de transmitir miedo, sino de adoptar las políticas necesarias para generar seguridad y tranquilidad, y de eso, el señor van Grieken demuestra tener muy pocos conocimientos.

Un acuerdo de tod@s y para tod@s

Consejería y sindicatos nos hemos puesto de acuerdo 10 años después. Desde un lejano entonces hasta el cercano ahora ha pasado tiempo, hemos hecho un gran esfuerzo para resistir y hemos convivido con el enorme sufrimiento de miles de personas. La negociación empezó porque la Asamblea de Madrid derogó el fatídico decreto 42/2013 de Figar y encargó iniciar el diálogo hasta alcanzar un acuerdo. Llegamos a la negociación con la representatividad otorgada por el profesorado madrileño en las últimas elecciones sindicales y la fuerza acumulada tras 14 huelgas, decenas de masivas manifestaciones, centenares de concentraciones, encierros de juntas de personal, una huelga de hambre, denuncias públicas y miles de recursos en los tribunales. Empezamos la negociación con la dignidad y el orgullo de quienes resisten y no cejan en la lucha por lo que creen, por una causa justa. 

Aunque la melancolía es humana y nada humano nos es ajeno, los problemas no se resolvían con volver a la casilla de salida. El 2016 no es el 2006. En este periodo cientos de millones de euros han sido recortados y más de 8000 empleos han sido perdidos. A ello se unen ingentes agravios a la profesionalidad y el honor. Demasiadas tragedias acumuladas. La vida de muchas personas y muchas historias profesionales truncadas. Exclusión de las listas seguida de exclusión social. La precariedad laboral como primera estación hacia a la pobreza. Inestabilidad en el empleo acompañada de inestabilidad vital. Han sido intensas semanas de negociaciones y de una exhaustiva campaña de asambleas centro a centro, con colectivos específicos, con unas personas sin empleo, sin subsidio, sin casa, con otras con miedo a perder el trabajo. Aflorando la indignación y también el dolor. 

Los objetivos estaban claros. Por una parte, había que acabar con las consecuencias del ERE encubierto que se había aplicado en la enseñanza pública; por otra desarrollar medidas para la estabilidad del profesorado que acabaran con la rotatividad. Además había que alcanzar la equiparación en las condiciones laborales y en las retribuciones. Restablecer la normalidad y recuperar la dignidad del profesorado interino equilibrando el valor de la nota de examen, con el valor de la experiencia y de otros méritos. Todo ello acompañado de una Oferta de Empleo Público (OPE) por encima del 100% de la tasa de reposición pues, sin una oferta suficiente de plazas, no hay opción de bajar la alta tasa de interinidad (21%) y así generar empleo estable. Igualdad, mérito, capacidad, dignidad y derechos son los principios que articulaban nuestras propuestas. 

La negociación ha sido real y por tanto intensa y dura. Hemos contado con la información necesaria que ha documentado que teníamos razón. Cada una de las medidas de Figar tenía por objetivo el ahorro. Pero, además, formaban parte de un argumentario ideológico armado alrededor de una supuesta excelencia, basada en la estigmatización del profesorado interino. Desde esos principios y valores las medidas fueron un éxito: 26 millones ahorrados cada año más lo acaparado en la pérdida de derechos acumulados en antigüedad por parte de miles de profesores y profesoras (trienios y sexenios); muchos millones ahorrados en el abaratamiento de los salarios y la moral minada de un colectivo fragmentado y atomizado en una multiplicidad de casuísticas. Para ello valió todo. Actuaciones inhumanas, asociales, ineficientes y en realidad despilfarradoras. Sí, este desastre salió muy caro porque se perdieron muchas profesoras y muchos profesores para el sistema público madrileño que se habían formado en Madrid. Se perdió calidad, capacidad de innovar, confianza y motivación. 

En ese contexto nos pusimos a la tarea. Esta es la situación que tiene que revertir un primer acuerdo. ¿Cómo? Con el equilibrio entre nota y experiencia, con una lista única, con la incorporación de colectivos específicos (mayores de 55, con más de 15 cursos de experiencia, excluidos por falta de habilitación, aspirantes por el turno de discapacidad), con la vigencia de las notas de oposición durante 10 años o un mínimo de 5 convocatorias; con la valoración de quien ha conseguido aprobar más de una vez sin obtener plaza; con el reconocimiento del trabajo en Madrid; con la limitación de las medias jornadas e inferiores; con la recuperación del derecho a la formación continua o a la habilitación lingüística; con la práctica equiparación en licencias y permisos; con un sistema justo de permanencia en las listas y reserva de plazas; con el cobro de oficio de los trienios. 

Todas estas medidas están recogidas en un acuerdo muy equilibrado e inclusivo firmado tras ser ratificado por 3 de cada 4 profesores que han votado en la consulta convocada al efecto. Un acuerdo que es bueno en el buen sentido de la palabra porque está hecho pensando en los miles de profes, en su alumnado y con el firme propósito de que no nos vuelva a ocurrir lo que nos ha pasado. Son medidas conjugadas en tiempos verbales certeros. Para ello, se refuerza la negociación colectiva al recoger que sólo otro acuerdo sustituirá al firmado y poner el énfasis en su seguimiento, así como la búsqueda de soluciones para los diferentes casos y situaciones. Eso es fuerza para el profesorado que tendrá una vía abierta para conseguir resolver sus situaciones y concretar sus reivindicaciones. Eso es reconocimiento del imprescindible papel de las organizaciones sindicales y de la negociación colectiva en un estado social y de derecho. 

Pero no es un acuerdo perfecto. Todo no está conseguido. La equiparación retributiva ha quedado coja. No hemos aceptado conjugar el cobro del verano en condicional y condicionado. No están los tiempos para vendedoras de humo. Por ello, las partes se emplazan a tener el 30 de junio de este curso una propuesta pactada para el cobro del verano y los sexenios vinculada al proyecto de presupuestos de 2017. La OPE de 1500 plazas que acompaña este nuevo modelo de regulación de acceso y mantenimiento de listas supone el 115% de las jubilaciones. Es un gran avance pero tampoco es el plan de empleo plurianual que queremos para recuperar el empleo perdido y la reposición de los próximos años. 

La situación de la Educación Madrileña tiene muchos temas urgentes que necesitan de lucha y solución: bajadas de ratios, recuperación de horario para tutorías, proyectos de innovación y otras actuaciones de mejora en los centros, desdobles, refuerzos y otras medidas de atención a la diversidad, el derecho a la formación de todo el profesorado, la construcción de centros, la ampliación de plazas públicas, la bajada de tasas o la recuperación de las becas. 

Sin embargo, tenemos un acuerdo que refuerza seguir acordando. Un acuerdo que recuerda que para conseguir acuerdos hay que seguir luchando en la calle; denunciando en los tribunales; exigiendo a la oposición que haga uso de su mayoría parlamentaria para revertir recortes y restablecer derechos; sensibilizando a la opinión publica de que sin educación no hay futuro. Porque este que hemos firmado es un buen acuerdo de más y mejor empleo, un paso para seguir avanzando en más y mejor educación pública de tod@s y tod@s. 

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